Con permisos de construcción irregulares, una desarrolladora inmobiliaria planea la edificación de un conjunto habitacional para albergar mil 600 departamentos en el predio conocido como La Parisina, en el pueblo Santiago Ahuizotla, de la delegación Azcapotzalco, que a decir de los habitantes de la zona, traerá desabasto de agua y saturación vial.

El caso ya es revisado por la nueva administración delegacional, y de acuerdo con el titular de la demarcación, Pablo Moctezuma, se interpondrá un juicio de lesividad y una demanda por violación a los derechos sociales.

Diego Alanís, vecino del poblado, indicó que en junio comenzaron las maniobras en Grijalva 124, en el terreno que era ocupado por la fábrica de telas La Parisina, donde se talaron alrededor de 100 árboles sin presentar ningún permiso.

Expresó que el pueblo no cuenta con vialidades para soportar el flujo vehicular que traerá un desarrollo inmobiliario de esa magnitud, como tampoco se cuenta con los suficientes servicios urbanos. El abasto de agua es ya un problema que se agudizará con la llegada de más familias. Los que vivan allá no sufrirán, porque acostumbran hacer cisternas muy grandes, apuntó.

La obra mantiene en alerta a los pobladores, que decidieron montar guardia frente al predio para evitar el ingreso de maquinaria y el inicio de la excavación.

En una reunión, los pobladores expusieron el caso a Pablo Moctezuma, quien detalló que entre las primeras irregularidades detectadas está que los permisos de demolición y construcción que se exhiben en un par de lonas en el sitio refieren como ubicación al pueblo de San Pedro Xalpa y no al de Santiago Ahuizotla.

Además, de que a unos pasos del terreno se ubica una guardería del IMSS, no se han tomado las medidas necesarias en materia de protección civil, ya que en los días pasados se realizó el ingreso de vehículos pesados a toda hora.

Las autoridades delegacionales se comprometieron a realizar un dictamen de protección civil, que será presentado ante el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Invea), con el fin de que realice una supervisión a la obra y, de ser necesario, sea suspendida.

La obra contraviene la declaratoria del Gobierno del Distrito Federal de proteger a pueblos originarios, barrios y tradiciones, realizada en 2014 y confirmada el mes pasado durante la presentación del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de México.