Río de Janeiro.

La fiscalía general de Brasil recibió una demanda para solicitar al Supremo Tribunal Federal (STF) la destitución del presidente del Congreso de los Diputados, Eduardo Cunha, con el argumento de que estaría utilizando su posición de poder para obstaculizar las investigaciones que lo vinculan con la red de corrupción que durante años desvió miles de millones de dólares de la estatal Petrobras.

El recurso fue presentado por el diputado del Partido Social Cristiano Silvio Costa, subjefe del gobierno en la cámara baja, un día después de que el juez del STF, Teori Zavascki, relator de la Lava Jato en la máxima autoridad judicial del país, autorizó el bloqueo y retención de unos 2.4 millones de dólares de las cuatro cuentas bancarias congeladas por la justicia de Suiza y que, según pruebas aportadas en semanas recientes, pertenecen a Eduardo Cunha, su esposa e hija.

Cunha, en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados, debe decidir si acepta pedidos para comenzar procesos de impeachment (juicio político) contra la presidenta Dilma Rousseff, presentados por sectores de la derecha y la ultraderecha, a los que se sumó el jurista Hélio Bicudo, uno de los fundadores del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

El líder del Partido Laborista Democrático en la cámara baja, Alfonso Motta, también se pronunció por la destitución de Cunha. Consideró que perdió las condiciones políticas al surgir evidencias de que tenía cuentas en el extranjero producto de su implicación en el esquema de corrupción en Petrobras.

De esta manera, el círculo contra el polémico presidente del Congreso de los Diputados comienza a cerrarse mientras éste se apresura a comenzar un proceso de impeachment contra Rousseff, maniobra que analistas han catalogado de estrategia desesperada para forzar una salida a su difícil situación.

Cunha, militante del conservador Partido del Movimiento Democrático Brasileño, aliado del gobierno, se distanció en julio de la mandataria, tras ser acusado de recibir sobornos por 5 millones de dólares en el esquema de corrupción de Petrobras, conocido popularmente como petrolao. Aseguró que el gobierno le tendió una trampa.

El contralor general de Brasil, Valdir Simao, declaró a Reuters que su oficina comenzó a vigilar a las compañías multinacionales del país para revisar posibles prácticas de corrupción en el extranjero. Las autoridades brasileñas intercambian información con el Departamento de Justicia y la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos en la investigación por el petrolao, indicó.

Las firmas brasileñas se expandieron con rapidez por el extranjero en años recientes, comprando a rivales foráneos en los sectores cárnico, cervecero y minero, impulsados por un auge en la séptima mayor economía del mundo y los préstamos a bajo interés del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.

A su vez, el ex presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) rechazó una vez más las pretensiones de la oposición para comenzar un juicio político contra Rousseff. Perdí tres elecciones y volví a mi casa. Ellos perdieron y no lo aceptan. Intentan destruir el mandato de una persona, subrayó Lula. Reiteró que no hay ninguna razón jurídica para un juicio político, ninguna explicación, “a no ser la actitud irracional de querer hacer un impeachment”.

Rousseff fue relecta el año pasado, con 54 por ciento de votos.

Lula dijo que recorrerá el país en defensa del gobierno del PT. Voy a comenzar a levantar alas. Voy al noreste, a la puerta de las fábricas. El país tiene cosas mucho más importantes de lo que aparecen en las páginas de los diarios, dijo el ex mandatario.

Lula rechazó también un supuesto acuerdo político para librar a Cunha de las denuncias por corrupción. Eduardo Cunha tiene el derecho de defensa que yo quiero para mí, para Dilma. Tiene derecho a defenderse. Si es culpable, va a pagar en su momento como todo mundo en este país.