El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su intervención y protección ante el proyecto del gobierno mexicano de construir un nuevo aeropuerto en la zona del ex lago de Texcoco.

Los pueblos Santa Isabel Ixtapa, San Cristóbal Nexquipayac, San Francisco Acuexcomac, San Salvador Atenco, Zapotlán, Colonia Francisco I. Madero, La Magdalena Panoaya, San Andrés Riva Palacio, San Miguel Tocuila, Santa Cruz de Abajo, San Felipe, Colonia Nezahualcóyotl, San Luis Huexotla, San Bernardino y Santiago Cuautlalpan piden al organismo internacional medidas cautelares.

Relataron a la CIDH los procesos legales empezados para evitar la construcción del aeropuerto: un juez rechazó en principio la demanda de amparo, y en marzo de este año un tribunal colegiado revocó el desechamiento y ordenó la admisión de la demanda.

Sin embargo, señala el frente, el juez noveno de distrito negó la suspensión provisional y la definitiva de los actos, así como los efectos de esos actos que están dirigidos a la construcción del megaproyecto. “Las negativas de la suspensión las impugnamos pero el pasado primero de octubre, el segundo tribunal colegiado del segundo circuito confirmó la negativa de la suspensión mediante el recurso de revisión 177/2015, con el argumento de que es mayor el interés de la sociedad en la realización del proyecto que el perjuicio que va a generar en nuestros pueblos.

¿Cómo es que los pueblos originarios, acostumbrados a la vida en el campo, podamos vernos reflejados en un proyecto de primer mundo, si nuestras condiciones de vida son de un país tercermundista? Pues no contamos con los servicios esenciales médicos e infraestructura hospitalaria, educativa, seguridad pública y empleos, aun estando a escasos 35 kilómetros de la capital mexicana, indica el frente en su comunicación hacia la CIDH.

En 2002 fue derogado un decreto expropiatorio presidencial que revoca la decisión de construir un aeropuerto en la misma zona en la que hoy se pretende edificar la nueva terminar aérea.

Estas condiciones que ha generado el proyecto hacen que nuestros derechos elementales a la vida sean violentados, además de provocar la ruptura del tejido social, lo que provoca que el futuro de nuestros pueblos sea incierto y que de manera sistemática pasemos de ser dueños de nuestro territorio que por siglos hemos construido a no figurar más en ningún espacio, señala el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.