Las nueve personas consignadas esta semana por la Procuraduría General de la República, acusadas de haber colaborado desde el exterior del penal del Altiplano en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, el pasado 11 de julio, negaron las imputaciones y aseguraron que durante su detención se violaron sus derechos de defensa adecuada y debido proceso.

Entre los aprehendidos están Édgar Coronel (hermano de Ema Coronel Aispuro, esposa de Guzmán Loera y sobrino de Ignacio Nacho Coronel), y el abogado del líder del cártel de Sinaloa, Óscar Gómez Núñez,

Fuentes del Poder Judicial Federal (PJF) confirmaron lo anterior y explicaron que al comparecer en la audiencia de declaración preparatoria, los imputados pidieron al juez que libró la orden de aprehensión en su contra que les decrete la inmediata libertad por falta de elementos para procesarlos.

En el transcurso de esta semana los juzgados segundo y cuarto de distrito en procesos penales definirán la situación juridica de los nueve detenidos por su presunta complicidad en la evasión.

De su lado, Gustavo Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), informó este jueves en una entrevista radiofónica que hasta ahora van 29 personas sujetas a proceso por su presunta complicidad en la fuga de Guzmán Loera. Precisó que hay en total 34 personas consignadas por la evasión del capo sinaloense y señaló que la fuga no fue producto de la suma de casualidades.

Agregó que funcionarios del gobierno, como Celina Oseguera y Valentín Parra, la primera ex encargada de los penales federales y el segundo ex director del Altiplano, actuaron ‘‘de manera dolosa’’.

Salas aseguró que tanto la ex coordinadora de Centros Federales de Readaptación, como el director del Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, participaron ‘‘de manera dolosa’’ en lo que se conoce en derecho penal como omisión consciente o comisión por omisión.

Puntualizó que los ex funcionarios, ‘‘teniendo conocimiento del hecho, de las vulnerabilidades que tenían los sistemas de seguridad, no solamente aceptaron dicha situación, sino que incrementaron el riesgo cuando autorizaron y permitieron la realización de obras cosméticas para disfrazar los ruidos provenientes del subterráneo del penal’’.

El titular de la Seido aseguró que la fuga de Joaquín Guzmán Loera no fue producto de una suma de casualidades, sino que ‘‘se advierte la ejecución de un plan perfectamente diseñado, donde hubo participación tanto al interior como al exterior del citado penal’’, señalando que la conducta omisiva ‘‘fue dolosa y consciente’’.

Por otra parte, fuentes del Poder Judicial Federal informaron que el martes pasado fueron consignadas ocho personas y al siguiente día una más, entre las que se encuentran el principal operador y organizador de la evasión, un antiguo piloto de Guzmán Loera; el comprador y el vendedor del predio donde se construyó el túnel, y un cuñado del capo sinaloense.

Las autoridades de la Procuraduría General de la República informaron que Guzmán Loera, al abandonar el túnel que utilizó para su fuga, se trasladó vía terrestre a la población de San Juan del Río, en el estado de Querétaro, y desde una pista aérea ubicada en ese municipio salieron dos avionetas, una con el jefe del cártel de Sinaloa y otra más que fue utilizada como señuelo.

Además de los detenidos mencionados anteriormente hay otras tres personas arraigadas, a quienes también se les investiga por la fuga del narcotraficante.