Mandos de la Procuraduría General de la República (PGR) consideraron un acierto el traslado de la investigación del caso Ayotzinapa a la Subprocuraduría de Derechos Humanos; sin embargo, señalaron que en caso de que se requiera tendrá que iniciarse un desglose de retorno a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) si se va a indagar más la participación de grupos criminales en lo ocurrido en los municipios de Iguala y Cocula en septiembre de 2014.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dijo que la investigación del caso Ayotzinapa está a cargo, como marca la ley, del Ministerio Público Federal, por lo que la participación de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es sólo de coadyuvancia y asesoría. Precisó que el nuevo grupo de investigadores estará integrado por unas 50 personas.

Dijo que el propósito es avanzar en los puntos sustanciales que han marcado instancias como el grupo de expertos, y que el nuevo equipo de peritos se basa en la confianza que han depositado en esta estrategia expertos y representantes de los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos.

Subrayó que en esta etapa lo más importante es agotar todas las líneas de investigación y búsqueda de restos, así como identificar fosas donde eventualmente pudieran estar los normalistas.

En tanto, la titular de la PGR, Arely Gómez González, decidió que no sólo los 85 tomos de la averiguación que ya son de acceso público pasen a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, sino también otros 60 en los que existen videograbaciones de los interrogatorios a los detenidos, y los resultados de las investigaciones de los números de teléfonos celulares que supuestamente siguieron operando y enviando mensajes después de la desaparición de los 43 normalistas.

En los tomos que no han sido abiertos a la opinión pública se ha avanzado en el cumplimiento de las peticiones que realizaron los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), señalaron colaboradores de Arely Gómez.

La investigación no ha variado en cuanto a la versión que se dio cuando Jesús Murillo Karam estaba al frente de la PGR, en la cual se mencionó que los 43 normalistas fueron asesinados y sus restos incinerados y lanzados al río Cocula, en Guerrero.

No se ha desarrollado la línea de investigación que relaciona lo sucedido con una supuesta toma de un camión que habría llevado droga o dinero perteneciente al cártel Guerreros unidos.

La indagatoria quedará a cargo del subprocurador Eber Omar Betanzos Torres, quien estudió abogacía en la Escuela Libre de Derecho, filosofía en la Universidad Panamericana, Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y ciencias religiosas en la Universidad La Salle.

Ha ocupado diversos cargos en el servicio público: fue asesor en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y proyectista de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial; en el Poder Ejecutivo, entre 2007 y 2010, fue coordinador de asesores y director de política criminal, coordinación y desarrollo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.