l domingo pasado la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados acordó en la miscelánea fiscal para 2016 una reducción de 50 por ciento en el impuesto a las bebidas endulzadas embotelladas, con lo que la tasa pasaría de un peso a 50 centavos por litro.

En los días siguientes diversos sectores políticos, sociales y académicos señalaron las graves consecuencias de tal medida en caso de que llegue a concretarse. Incluso la secretaria federal de Salud, Mercedes Juan, criticó el descuento del gravamen a las empresas refresqueras, al señalar que ese gravamen ha contribuido a una disminución en el consumo y a un incremento de la ingesta de agua simple.

Como se recordará, el impuesto a los refrescos fue adoptado en 2013 como una medida orientada a reducir la alta incidencia de padecimientos como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, estrechamente relacionados con el alto consumo de esa clase de bebidas. Para poner en perspectiva el problema, es preciso tener en cuenta que una tercera parte de los jóvenes mexicanos padecen de obesidad y que uno de cada tres niños nacidos a partir de 2010 desarrollará diabetes en el curso de su vida.

Ninguno de estos argumentos convenció a los legisladores de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, los cuales, con el respaldo del Partido Verde y de Nueva Alianza, aprobaron la reducción mencionada en la sesión del pleno realizada el pasado lunes.

El hecho permite entrever hasta qué punto el órgano legislativo es vulnerable a presiones de grupos empresariales como, en este caso, la industria refresquera, así como el alarmante grado de insensibilidad de legisladores que votaron una reducción impositiva manifiestamente perniciosa para la salud de millones de niños y adultos y, en última instancia, para la economía, si se considera que la atención de daños a la salud relacionados con el consumo de refrescos embotellados le cuestan al sector salud más de 80 mil millones de pesos al año.

Una vez más, en suma, ha tenido lugar en el recinto de San Lázaro una alianza de grupos parlamentarios con el propósito de beneficiar a un sector privado en detrimento de la población, de su salud y de su futuro. Resulta imperativo que los integrantes del Senado exhiban una mayor altura de miras y reviertan esta reducción del impuesto a todas luces perniciosa, improcedente e inmoral.