En medio de múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos –incluidas ejecuciones extrajudiciales– derivadas de la política gubernamental contra el narcotráfico, el Estado mexicano defendió la ‘‘necesaria presencia’’ de las fuerzas armadas en tareas policiacas y evadió responder si existe un cronograma para su retiro. Incluso, aseguró que en México ‘‘vamos por buen camino’’ en estas acciones.

Presentes en las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de medio centenar de organizaciones de la sociedad civil y los del Estado mexicano presentaron visiones diametralmente distintas en materia de políticas antidrogas y derechos humanos, y de ejecuciones extrajudiciales, dos de los cuatro temas por los que citaron a México.

Por un lado, las ONG, con cifras y argumentos suficientes, denunciaron una crisis de derechos humanos que viene de años y décadas atrás en medio de total impunidad. Por la otra, desde la visión oficial, se reconocen retos y se asegura que se trabaja por superarlos; se insiste en que el uso de la fuerza es racional y conforme a los principios de proporcionalidad y de respeto a los derechos humanos, y que los casos donde ha habido excesos se investigan.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Gobernación, defendió la presencia del Ejército en la lucha contra el narcotráfico y destacó ‘‘los altos índices de confianza y credibilidad’’ que tienen las fuerzas armadas entre la población. En tanto, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Relaciones Exteriores, aseguró que ‘‘México va por buen camino’’ en el combate que se libra contra el narco.

En la audiencia, llevada a cabo en la sede de la CIDH en Washington, y transmitida a través de su página web, las ONG expusieron el patrón de ejecuciones extrajudiciales y señalaron una serie de factores estructurales que fomentan su práctica como la impunidad, el encubrimiento, la falta de investigación y la militarización de la seguridad pública. Uno a uno citaron casos como Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Ostula, Calera e Iguala.

La respuesta oficial fue siempre la misma, que se sintetiza en que el discurso de las organizaciones ‘‘no corresponde a la realidad’’, dijo Campa. ‘‘Si según el Estado los casos se resuelven, ¿por qué hay 98 por ciento de impunidad? ¿Por qué Tlatlaya sólo se investigó a partir de denuncia en medios?’’, fue el revire de las organizaciones no gubernamentales, con preguntas que no se respondieron.

En su intervención, Felipe González, comisionado de la CIDH, recordó que en todos los países donde se ha tomado la decisión de poner a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, ‘‘invariablemente terminan en graves violaciones a los derechos humanos’’. Por eso su pregunta del cronograma que, finalmente, quedó sin respuesta.

Deslinde oficial

Al referirse al caso Acteal –que junto con Ayotzinapa fueron los dos temas por los que fue citado el Estado mexicano a la CIDH–, la representación oficial rechazó cualquier responsabilidad en la matanza cometida en esa comunidad de los Altos de Chiapas en 1997, donde murieron 45 indígenas, entre ellos niños y embarazadas.

Sin embargo, representantes de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas señalaron que esa masacre fue consecuencia de una ‘‘estrategia contrainsurgente’’ del Estado mexicano en contra de los zapatistas y las comunidades y pueblos organizados y críticos al sistema. Insistieron en la justicia y rechazaron cualquier ‘‘solución amistosa’’ con el Estado mexicano.