a batalla por la verdad de Ayotzinapa ya no está sustancialmente en los planos civiles, ni en la burocracia judicial o en las investigaciones reformuladas y relanzadas: ahora está, precipitada en buena parte por las destempladas declaraciones del general Salvador Cienfuegos para proteger a sus soldados de indagaciones justicieras, en el plano militar, específicamente en el batallón de infantería de Iguala y en las oficinas centrales de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ha echado su resto para imponer vetos y barreras, en una apuesta peligrosa que significa un litigio de élite respecto de la ubicación del verdadero centro de poder en México.

En ese campo de batalla reconstituido (con los cuarteles han topado, sanchos y quijotes), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) negociaron avances que, vistos a través del espejo retrovisor, son importantes, sobre todo en cuanto significan la carta oficial de defunción de las patrañas conocidas como verdad histórica y la apertura de nuevos senderos de investigación que ayuden a precisar lo que sucedió a finales de septiembre del año pasado en Iguala y a establecer mecanismos de justo castigo a los auténticos responsables.

Pero este primer asalto de la segunda pelea, correspondiente a una segunda temporada de pugilismo jurídico, forense y político (con duración de cuando menos seis meses más), fue ganado en ausencia por el poder militar, que no fue tocado ni con el pétalo de una declaración contraria o siquiera distante de la doctrina de los cien fuegos por los cuadrados civiles que representaron en las audiencias de la CIDH a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, y a la procuraduría federal de justicia.

Que todo cambie en lo civil para que nada cambie en lo militar, así que el tenderete no uniformado de los procesos judiciales relacionados con Iguala fue revisado y negociado y ahora será repuesto en muchos tramos, en una virtual confesión gubernamental de que fueron mentira histórica las fabulaciones declamadas con enjundia por Murillo Karam (aunque obvio es que él no se mandaba solo) y que, al más preclaro estilo mexicano de dar largas, reiniciar, hacer promesas y empantanar en el fango procesal, el gobierno peñista busca a como dé lugar ganar tiempo hasta acercarse a los torbellinos electorales de 2018, así que ¡a relanzar las investigaciones, a formar nuevos equipos de trabajo y a cambiar de fusible, pasando los asuntos de la Seido de la procuraduría televisa de Arely Gómez a su propia subprocuraduría de derechos humanos (je, je, así la llaman), con Eber Omar Betanzos como declamador designado! (Eber Omar tiene toda la confianza de la procuradora Gómez: estudió en la Libre de Derecho, en la Panamericana y ciencias religiosas en la Universidad La Salle).

Pero ya no es la autopsia de la verdad histórica lo que más interesa, sino la reanudación de las labores de búsqueda de los 43 normalistas y la aceptación de que debe considerárseles desaparecidos y no muertos. Y, en el fondo, bajo un grueso blindaje político de primer nivel, la resistencia extrema del mando militar a que su personal sea molestado por el aparato de justicia civil. Campa y los demás enviados de Los Pinos se revolvieron en sus asientos para cerrar el paso a la posibilidad de que los expertos independientes puedan tener entrevistas libres y directas (que no interrogatorios judiciales en forma, acreditables en expedientes oficiales) con los 16 soldados que presenciaron partes de lo sucedido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del año pasado en Iguala. Campa Cifrián reiteró que solamente los agentes del Ministerio Público podrán interrogar a los militares. Dicho de otra manera, si los mencionados expertos desean hacer preguntas, deberán presentarlas por la vía de los agentes del MP y escuchar la respuesta o recibir transcripción de las presuntas deposiciones (llámase así al acto de rendir declaración verbal ante un juez o tribunal).

La virtual aceptación tácita de esa imposición militar deviene de que en los acuerdos formales firmados por el GIEI y el Estado mexicano se establecen con detalle mecanismos de colaboración y participación en el diseño de las nuevas rutas de investigación. Pero el peñismo no se compromete a nada que vaya más allá de la letra legal que ha sido esgrimida hasta ahora como valladar para las pretensiones de los expertos de verse cara a cara y sin filtros o interferencias con los dieciséis soldados pertenecientes al batallón de infantería cuyo testimonio ha sido cuidado con especial interés por los mandos superiores. A tal grado, por si a algún doctor en sospechosismo le faltara material de trabajo, que esos dieciséis militares claves ya rindieron declaración, en ambiente controlado, ante agentes del Ministerio Público el pasado 26 de septiembre, sin que hasta ayer a los expertos independientes se les hubieran compartido los dichos.

Tal predominio militar fue tema de preguntas de reporteros al GIEI luego de las audiencias en las que la CIDH preguntó quién tomaba las decisiones respecto a declarar o no ante autoridades judiciales, si un jefe militar o un presidente civil. Los expertos dijeron que entienden la postura elusiva del subsecretario Campa como “búsqueda de consensos a posteriori si seguimos en la etapa”, quedando en espera de que las conversaciones den fruto y asumiendo que lo sucedido ayer nos abre la compuerta a seguir insistiendo en que les permitan entrevistar con libertad a los dieciséis militares que indudablemente estuvieron presentes en tramos de aquella noche y madrugada. Por lo pronto, el poder civil podrá informar al militar que no se firmó nada que incomode a éste, y más adelante irá viéndose, en un plano de discrecionalidad, si las condiciones permiten algún tipo de treta o artificio para medio entrevistar a los dieciséis sin que el alto mando de la colonia Lomas de Sotelo se sienta lastimado. ¡Hasta mañana!

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