n el contexto de las negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Juan Manuel Santos, efectuadas en La Habana, para poner fin a la añeja confrontación que en medio siglo ha dejado más de 200 mil muertos y entre 20 y 100 mil desaparecidos, las partes anunciaron ayer un acuerdo para buscar, ubicar e identificar los restos mortales de los ausentes y entregarlos en forma digna a sus familiares. El convenio establece también la creación de una entidad independiente, de carácter netamente humanitario y extrajudicial, encargada exclusivamente de localizar a las personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto.

Lo más significativo de este acuerdo, alcanzado el sábado pasado, es que centra la atención en las víctimas civiles de la guerra. La negociación avanza, así, hacia un entendimiento más profundo de las consecuencias sociales del conflicto, el cual ha ocasionado un grave sufrimiento a la población no directamente involucrada en él. Se debe recordar, a este respecto, que además de los muertos y desaparecidos la guerra en Colombia ha causado el desplazamiento forzado de 6 millones de personas, principalmente campesinos y comunidades indígenas.

Es particularmente significativo que se haya acordado la creación de una entidad independiente para resolver los casos de las desapariciones, habida cuenta de que la mayor parte de éstas son responsabilidad de los sucesivos gobiernos. Al poner las pesquisas fuera de su jurisdicción, el Ejecutivo colombiano hace más viable el esclarecimiento de su paradero, lo cual constituye una muestra de voluntad política que fue saludada tanto por familiares de las víctimas como por diversas asociaciones para la búsqueda de los desaparecidos y la promoción de la paz.

En vista de la preocupante situación en materia de desapariciones forzadas que padece, México debe tomar nota de estos avances: según cifras oficiales, más de 26 mil personas fueron víctimas de este crimen entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, problema que no sólo significa un permanente sufrimiento para los familiares y un desgarramiento social generalizado, sino que, de manera adicional, merma la legitimidad de las instituciones que en cada uno de esos casos incumplen su misión de salvaguardar el estado de derecho y esclarecer los delitos, lo que representa un gravísimo fallo institucional que impacta negativamente en los márgenes de gobernabilidad.

Un reportaje publicado en la edición de ayer de este diario revela el burocratismo, la falta de resultados y maltratos que sufren familiares de los desaparecidos mexicanos por parte de las autoridades y servidores públicos, que debieran aclarar lo ocurrido con los ausentes y procurar justicia, además de que enfrentan protocolos de búsqueda erráticos, personal no especializado a cargo de los casos y desprecio ante el dolor. Al margen de las diferencias entre las realidades colombiana y mexicana, el acuerdo entre las FARC y el Palacio de Nariño debe ser visto como punto de referencia para abordar el drama de las desapariciones forzadas en este país.