n derrumbe ocurrido el jueves en un yacimiento del municipio de Charcas, San Luis Potosí, propiedad de Industrial Minera México, provocó ayer el desalojo de más de un centenar de trabajadores y la suspensión de las actividades. El hecho, dado a conocer por el gobierno estatal, fue sin embargo minimizado por el consorcio propiedad de Germán Larrea, el cual afirmó que no había indicios de derrumbe alguno, dio por hecho que se trató de un movimiento telúrico y señaló que el desalojo obedeció estrictamente a protocolos de seguridad.

El hecho, sin embargo, vuelve a poner de manifiesto la precariedad de los yacimientos en general, y de los que pertenecen a Grupo México, en particular. Ya en febrero del año pasado, en el mismo socavón, cinco trabajadores murieron a consecuencia del desplome de un elevador. La cadena de decesos debido a los derrumbes o explosiones en minas del país es ya demasiado larga como para no ver en esos hechos un patrón de negligencia y desatención de empresas y autoridades en lo que se refiere a la adopción medidas de seguridad adecuadas en esos centros de trabajo.

Esa negligencia se ve agravada por la impunidad. Es necesario preguntarse, en efecto, cuántas de las muertes que han ocurrido en yacimientos mineros del país se habrían evitado si las autoridades hubieran impuesto una sanción ejemplar a los responsables de la tragedia en la mina Pasta de Conchos –también propiedad de Grupo México– en febrero de 2006, por mencionar uno de los sucesos más dramáticos y recordados en años recientes.

En cambio, cuando está por cumplirse una década de aquel trágico suceso, que cobró la vida de 65 trabajadores, es inevitable recordar que las autoridades de entonces decidieron encubrir las responsabilidad del grupo empresarial y decidieron que era más importante emprender una campaña de desconocimiento, acoso y persecución en contra del sindicato minero, que regular y aplicar las condiciones mínimas de seguridad en esos centros de trabajo.

Por fortuna, en el episodio del pasado jueves en la mina de Charcas no hubo, hasta donde se sabe, muertes que lamentar, pero esa situación parece más consecuencia de la casualidad que de la adopción de medidas de prevención, seguridad y mantenimiento en los socavones.

Las autoridades y las instancias legislativas de nuestro país tienen una responsabilidad principal, por acción y por omisión, en la configuración del poder fáctico e indebido que detentan las mineras y de las condiciones de descontrol e inseguridad que prevalecen en las minas.

Resulta impostergable, en consecuencia, revisar el marco legal que ha hecho posible la entrega de millones de hectáreas del territorio nacional, a cambio de casi nada, a los intereses depredadores de esas empresas y establecer mecanismos para regular y sancionar las malas prácticas en que suelen incurrir.