La diputada local panista Lucero Sánchez exigió ayer en el Congreso de Sinaloa detener los abusos de la Secretaría de Marina (Semar) contra la población de Tamazula, Durango, y Cosalá, Sinaloa, y aseguró que en las operaciones militares fueron desaparecidas ocho personas.

No se vale que por abusos de poder queden más de 200 familias sin patrimonio simplemente porque se les antoja violar los derechos humanos. Debemos asumir las recomendaciones de los organismos internacionales, que se han dado cuenta del atropello de las autoridades, sostuvo.

Agregó que el gobernador Mario López Valdez debe estar al tanto de esta maniobra y de sus efectos entre la población rural de Sinaloa. Sostuvo que la incursión de la Semar propició el desplazamiento de casi 200 personas de sus comunidades a la cabecera municipal de Cosalá y que ocho fueron capturadas, pero el gobierno federal no las reconoce como detenidas, por lo que están en calidad de desaparecidas.

Las operaciones se iniciaron el martes de la semana pasada en comunidades de la zona serrana del municipio duranguense de Tamazula y se extendieron hasta Cosalá.

López Valdez aseguró que los desplazados que huyen de la sierra de Durango y llegan a Cosalá no han presentado denuncias, y tampoco la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En tanto, la Semar negó en un comunicado haber disparado en comunidades de Tamazula, mientras el secretario del ayuntamiento, Eduardo Mejía, aseguró que casas de la comunidad El Verano tienen disparos hechos por marinos, lo que ha sido constatado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cuyo personal no permitió tomar imágenes.