Culiacán, Sin.

Familias en pobreza extrema, subempleados, de bajos ingresos y sin seguridad social ni acceso al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) han invadido en los seis años recientes alrededor de 12 mil casas abandonadas en Sinaloa, cuyos propietarios cayeron en insolvencia, afirmaron líderes de solicitantes de vivienda.

El mayor número de invasiones ha ocurrido en Los Mochis, cabecera municipal de Ahome, con casi 4 mil casas de interés social ocupadas. En algunos casos son fraccionamientos completos, como Virreyes, cuyas 700 viviendas fueron invadidas.

Le siguen Culiacán, capital del estado, con unas 3 mil casas abandonadas, y Mazatlán, con 2 mil. El resto se distribuye en Navolato, Guasave, Salvador Alvarado y El Fuerte.

César del Pardo Escalante, dirigente de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Vivienda Popular, aseguró que este fenómeno obedece a que los gobiernos estatales recientes no han tenido políticas de vivienda popular para ofrecer lotes, casas, créditos o apoyos para la autoconstrucción.

Según Del Pardo Escalante, el priísta Francisco Labastida Ochoa fue el último gobernador (1987-1992) en ofrecer lotes con servicios, créditos para vivienda y otros programas de apoyo.

A la fecha, las autoridades estatales, federales y municipales no han intervenido para resolver el problema, por lo cual familias y organizaciones se han apoderado de los inmuebles.

Hay gente que no puede pagar una casa porque gana muy poco y se ve obligada a devolver la vivienda que le adjudicaron; ganan de 100 a mil pesos por semana, pero la mensualidad que debe pagar va de mil 700 a 2 mil pesos. También hay solicitantes de vivienda que se meten a estas casas porque no tienen dónde habitar y no pueden pagar renta o algún crédito, explicó.

Algunos fueron propietarios, pero devolvieron las casas por insolvencia y después ocuparon otra que no les pertenece, añadió.

Al gobierno no le interesan las invasiones ni los invasores; sólo nada de a muertito y no ofrece alternativas. Lo peor es que las constructoras siguen en el negocio, aunque las viviendas queden abandonadas o las habiten quienes no las compraron, señaló Del Pardo.

Información extraoficial indica que en Sinaloa se construyen cada año unas 20 mil viviendas, muchas de las cuales terminan saqueadas, sin agua potable, electricidad ni puertas.

José Ángel Sánchez Pérez, presidente de la Unión de Colonias de Los Mochis, señaló: Invadir casas abandonadas por inmobiliarias es la única opción que dejaron a miles de familias de la región que, con artimañas, fueron despojadas de su patrimonio cuando perdieron el empleo, cayeron en cartera vencida y finalmente fueron desalojadas.

Aidé Soto, presidenta de la asociación civil Se da tu vida digna, dijo que la ocupación de viviendas es cotidiana en los fraccionamientos Las Cerezas, Las Flores, Urbi Villa y Jardines del Bosque, entre otros. Este fenómeno se perpetuará si no se resuelve pronto, subrayó.

Las organizaciones informaron que la invasión de viviendas se inició en 2009 y ha aumentado por la crisis económica, la falta de empleo y de salarios dignos.

Otras versiones indican que algunos de los invasores son familias que huyeron de la sierra y las zonas rurales por la violencia de los cárteles y las operaciones policiaco-militares.

Patricia Ramos Kelly, presidenta de la comisión de vivienda del cabildo de Ahome, reconoció que el problema es grave y complejo, pero no hay políticas públicas adecuadas.

Del Pardo y dirigentes de otras agrupaciones han criticado al gobierno de Arturo Duarte García, alcalde de Ahome, por no ejercer los cinco millones de pesos que gestionó para atender el problema de vivienda.