Tras la reforma constitucional que permitió la creación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, falta la modificación o creación de al menos 20 leyes secundarias que permitan complementar este plan y que deberían quedar aprobadas antes de mayo de 2016, dieron a conocer en un comunicado conjunto la Red Nacional por la Rendición de Cuentas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y el Centro de Investigación y Docencia Económica, entre otros.

La responsabilidad pública es la columna vertebral del combate a la corrupción. La Ley General de Responsabilidades debe brindar certezas para evitar que funcionarios y particulares incurran en actos ilícitos y garantizar que haya consecuencias por los actos indebidos.

En este contexto, convocaron a la realización del seminario Responsabilidad pública y rendición de cuentas: una exigencia democrática. Para la presidenta del Inai, Ximena Puente, el Sistema Nacional Anticorrupción garantizará un efectivo combate a la impunidad, al prever sanciones para servidores públicos y particulares que ejerzan indebidamente recursos públicos.

Para el titular de la Auditoría Superior de la Federación, coauspiciante del seminario, Juan Manuel Portal, México debe contar con un sistema de sanciones, tanto administrativas como penales, no concebidas como elementos de desquite, sino aplicadas en un contexto sistémico en el que se conviertan, inclusive, en elementos de disuasión.

Para el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Mucio Israel Hernández Guerrero, la transparencia, el control social y la rendición de cuentas representan mecanismos que fortalecen la legitimidad y la confianza social, al tiempo que logran mayor acercamiento de los ciudadanos hacia las instituciones públicas.