Con el argumento de que en 2016 no será fácil generar empleos, la cúpula empresarial, industrial y de servicios planteó a la Cámara de Diputados revertir algunos de las disposiciones fiscales que entraron en vigor en 2014 como parte de la reforma fiscal.

En reunión con la Comisión de Hacienda, que revisa el paquete de ingresos para el próximo año, dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) y de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), así como representantes de refresqueras y cerveceras, presentaron una lista de deseos tributarios.

El presidente de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes, planteó la deducción inmediata en inversiones de 100 millones de empresas en el sector turístico y no de hasta 50, como propuso el Ejecutivo.

Los retornos de la inversión ya no son tan atractivos, dijo. También, como lo hizo ante el presidente de la comisión fiscal del CCE, Pablo Mendoza propuso incrementar entre 175 mil y 250 mil el tope de deducibilidad de automóviles utilitarios de las empresas.

El límite vigente de 130 mil pesos no sólo obliga a las empresas a comprar autos de importación, sino que un vehículo de ese precio no cuenta con equipo de seguridad para los ocupantes, lo que convierte al auto en un riesgo.

El factor Volkswagen

Además, Solana Sentíes afirmó que la deducibilidad de compra de autos se convertirá en un factor especialmente relevante ante la crisis en el sector por el problema que enfrenta Volkswagen, que verá reducida en 26 por ciento la venta directa de motores a diésel en Estados Unidos, más el impacto en imagen y prestigio por alterar el mecanismo de emisiones de sus vehículos.

Esto además colocará a Puebla, donde se encuentra la armadora de esa empresa en México, en una situación complicada y difícil.

Para el CCE y la Concanaco, es necesario además reducir a 30 por ciento la tasa del impuesto sobre la renta (ISR), porque el 5 por ciento de incremento (en 2014) mermó el consumo del mercado interno. Ese porcentaje, argumentó Solana, representó un deterioro de compra en los estratos sociales superiores.

También plantearon volver al esquema de deducibilidad de las prestaciones de los trabajadores, para que ello permita generar empleo con sueldos bien remunerados.

El CCE propuso también aumentar a 150 mil pesos anuales el tope de deducción de las personas físicas, porque el actual de 90 mil pesos es muy limitado.

Ambos organismos pidieron a los diputados regresar a la exención del ISR en venta de casas particulares habitadas por sus propietarios al menos cinco años, porque no sólo el cálculo del impuesto con un máximo de 700 mil Udis es complejo, sino que además inhibe a la industria de la construcción.

Juan Casados Arregoitia, dirigente de la Concamin, planteó suprimir el impuesto que se aplicó a la industria minera así como la deducción a 100 por ciento de la inversión en los periodos pre operativos; además, derogar el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) de 3 por ciento en telecomunicaciones.

Por su parte, la Cooperativa Pascual pidió considerar la exención para las bebidas a base de frutas naturales, porque hasta ahora el impuesto de un peso por litro de refresco ha afectado a los pequeños productores, pero no a las embotelladoras trasnacionales. La industria de la cerveza solicitó una cuota fija, en lugar del IEPS que se aplica a esa bebida alcohólica.