Lerma, Méx.

El Consejo Supremo Otomí de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en este municipio, presentará esta semana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional para echar abajo un decreto presidencial por el cual se les expropiaron 36 hectáreas a fin de garantizar que una constructora propiedad de Juan Armando Hinojosa –uno de los contratistas predilectos del presidente Enrique Peña Nieto– concluya la autopista Toluca-Naucalpan, que los indígenas rechazan.

Los pobladores luchan desde hace ocho años contra la autopista, por considerar que causará daños irreversibles a la reserva ecológica del Bosque Otomí Mexica y al Bosque de Agua, y desencadenará la urbanización de la franja forestal que divide Interlomas del Valle de Toluca. Además, aseguran, el proyecto atenta contra los usos y costumbres de la comunidad, pues en el bosque realizan rituales y otras actividades.

Los comuneros de Xochicuautla marcharon ayer acompañados por integrantes de varias organizaciones y movimientos sociales a las oficinas de la SCJN en Toluca, pero ayer no hubo actividades.

Los indígenas aseguraron que el decreto expropiatorio es ilegal, pues no se realizó una consulta en la localidad, aunque en el texto del decreto se asegura que se efectuó en junio pasado.