En siete años (2008-2015) los países de América Latina avanzaron 76 por ciento en el cumplimiento del compromiso de garantizar con programas y lineamientos el acceso de los adolescentes a servicios amigables de salud sexual y reproductiva, así como 60 por ciento en los planes para ofrecer educación sexual integral en las escuelas, determinó la evaluación que organizaciones civiles realizaron de las acciones emprendidas por los gobiernos.

La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF, por sus siglas en inglés) y la Red Democracia y Sexualidad (Demysex), con el apoyo de una centena de organizaciones de la sociedad civil, realizaron este trabajo a partir de los compromisos que contrajeron 17 naciones en 2008, cuando firmaron la declaración ministerial Prevenir con educación.

México fue el promotor de la iniciativa, la cual se concretó en la Conferencia Internacional de Sida que ese año se realizó en el país.

De la evaluación de los programas, normas o leyes autorizadas en estos años, destacan los casos de Cuba, que desde 2012 reportó un avance global de 99 por ciento; Uruguay, con 92 por ciento, y Costa Rica, con 90 por ciento. En el otro extremo se encuentran Chile (39 por ciento) y Venezuela (43).

México se ubica en un nivel intermedio (75 por ciento) en el cumplimiento de la puesta en marcha de los compromisos, aunque hay diferencias, porque en salud existen programas como el de salud sexual y reproductiva, de provisión de servicios y capacitación del personal. Cada estrategia plantea acciones específicas para mejorar el acceso de los adolescentes a los servicios clínicos.

El reporte estima un avance de 90 por ciento en el cumplimiento del compromiso en materia de salud, reconoce la existencia de lineamientos como servicios de consejería y práctica de la prueba de detección de VIH/sida, anticoncepción, aborto seguro, ginecología, estudios y tratamiento de infecciones de transmisión sexual y asesoría sobre sexualidad saludable.

En educación, el avance es de 45 por ciento. Aunque las áreas operativas de la Secretaría de Educación Pública han tenido la disposición de trabajar en este sentido, hasta ahora, de acuerdo con el documento, no se ha efectuado la evaluación de los programas educativos sobre estos temas y no hay acciones concretas para incluir algunos como VIH/sida, diversidad sexual y prevención de la violencia.

El compromiso de la declaración ministerial, suscrita por ministros de salud y educación, señala que para 2015 se reduciría en 75 por ciento la brecha en el número de escuelas que carecen de programas de educación sexual integral.

También, disminuir a la mitad las carencias de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, recordó María Antonieta Alcalde, miembro de la directiva de IPPF en el hemisferio occidental. Señaló que la declaración no incluyó mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas.

Con la finalidad de que el documento tuviera algún efecto en las necesidades reconocidas por los países, las organizaciones civiles entablaron comunicación con autoridades de los gobiernos e hicieron el seguimiento.

En representación de la Secretaría de Salud (Ssa), Patricia Uribe, directora del Centro Nacional de Prevención y Control del VIH/sida (Censida) reconoció que sin el trabajo de las organizaciones el gobierno no habría podido reportar avances ni incidir en sectores de la población como los de la diversidad sexual y los adolescentes.

Todavía falta, señaló José Ángel Aguilar Gil, coordinador de Demysex, que los programas se lleven a la práctica y los adolescentes estén en condiciones de prevenir embarazos no deseados.