n el breve lapso que va del 11 de septiembre al 5 de octubre fue allanada la oficina de Hugo Aboites, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), y robadas sus dos computadoras personales. Y tres funcionarias del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena) de esa casa de estudios: Beatriz Torres, María Diajym Palencia y Bettina Gómez, así como la hija de esta última, fueron acosadas, intimidadas y amenazadas (ver Blanche Petrich, La Jornada, 4/10/15).

La campaña de hostigamiento se inició con una llamada al centro de Armando Llop, quien, a partir de un hecho baladí, la búsqueda de un presunto defraudador, en sucesivas conversaciones telefónicas y correos electrónicos se identificó indistintamente como militar retirado, teniente de la Policía Federal y de la PGR; dijo tener una agencia de seguridad privada, contar con personal provisto de armas cortas y largas (con permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional) y equipos electrónicos, y en su página de Internet y Twitter (@comandantellop) aparece posando frente a un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, empuñando lo que parece ser un fusil ametralladora AK-47.

A la inquietud inicial generada en el Camena debido a su especialización en áreas como el terrorismo de Estado y la defensa de los derechos humanos, el hecho de que la empresa de Llop usara equipos electrónicos despertó mayor sospecha, dado que son los que se utilizan para realizar labores de vigilancia, seguimiento y recolección de información de inteligencia para tareas encubiertas, muchas veces en combinación o al servicio de corporaciones de seguridad del Estado.

Como reseñó Blanche Petrich, el caso llegó hasta el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, y el jefe del Estado Mayor, general Roble Granados Gallardo, quienes reportaron que Armando Llop Cerda es un desertor prófugo de la justicia militar y calificaron las llamadas de intimidatorias.

El 2 de octubre, el procurador general de Justicia Militar, general Jesús Gabriel López Benítez, reiteró a la UACM (oficio 4/a A A-3188) que Llop causó baja del Ejército por haber consumado el delito de deserción y aseguró que la Dirección General de Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos no tiene registrada a su empresa de seguridad ni se le ha expedido licencia alguna.

En ese contexto cabe cuestionar qué se busca con la campaña de intimidación contra la UACM y el Camena. ¿Es la UACM el objetivo real de los ataques encubiertos concertados? ¿Se debe a que existe la percepción oficial de que, como difama el columnista de El Universal Ricardo Alemán, en esa casa de estudios se forman vándalos y anarquistas que atentan contra las instituciones del Estado? ¿Es parte del terrorismo mediático contra Andrés Manuel López Obrador de cara a los comicios presidenciales de 2018?

¿A algún sector del sistema político mexicano le resulta molesto el acompañamiento solidario e informado del rector Aboites a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)?

¿Por su condición de refugiada chilena es Beatriz Torres el eslabón más débil de un blanco u objetivo de algún servicio de inteligencia? La protección institucional que recibió de la UACM ¿llevó a los autores de los ataques a cometer otros actos dirigidos a generar miedo, angustia y zozobra en el círculo de trabajo de Torres en el Camena? ¿Es la preservación y generación de una conciencia crítica por el Camena, así como la búsqueda de la verdad histórica y la justicia en casos de desaparición forzada y otros crímenes de Estado −Ayotzinapa/Iguala incluido−, lo que se busca silenciar y desaparecer?

Que el foco de la agresión sean funcionarias del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, que rescató el archivo del historiador y cronista argentino universal Gregorio Selser, ¿tiene que ver con la información que reúne el centro sobre temas tales como armamentismo, fuerzas armadas, represión y seguridad interna, servicios de inteligencia, economía criminal, grupos y conflictos armados, movimientos de ultraderecha, derechos humanos, comunicación y propaganda, y la política de Estados Unidos hacia América Latina?

En el marco del alud de recomendaciones de organismos especializados de la ONU y la OEA en torno a las documentadas violaciones a los derechos humanos continuadas y generalizadas (tortura, ejecuciones sumarias extrajudiciales, desaparición forzada) por agentes del Estado mexicano, ¿el hecho de que al enorme acervo documental de Selser y su esposa Marta Ventura se hayan incorporado documentos relacionados con casos de desaparición forzada y prisión política donados por las familias Tatter, Díaz Mancilla y Balerini Casal; Nadin Reyes Maldonado; H.I.J.O.S. México y el Comité Cerezo, resulta molesto a algún sector del régimen de Peña Nieto?

¿Es acaso porque el centro da cobijo, también, a toda la documentación original de los dos consejos de guerra y los procesos penales civiles seguidos contra el general José Francisco Gallardo? ¿Es desestabilizadora para el Estado mexicano la existencia de documentos del archivo de la policía paraguaya de la época del dictador Alfredo Stroessner, que exhibe el pacto firmado por las dictaduras del cono sur conocido como Operación Cóndor, que instauró un sistema internacional de terrorismo de Estado con la participación de Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay? ¿Resulta subversivo el Fondo El Che Guevara donado por Paco Ignacio Taibo II al Camena?

Finalmente, si Armando Llop es un desertor prófugo de la justicia militar y maneja armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas sin registro y equipo de espionaje electrónico, ¿cómo es que la Secretaría de la Defensa Nacional no lo detiene? ¿Acaso forma parte de alguna acción encubierta en conexión con algún servicio de inteligencia del Estado? ¿Volvió a las andadas, remozado, el viejo PRI de la época de Fernando Gutiérrez Barrios en la Secretaría de Gobernación?