Atizapán de Zaragoza, Méx.

Que me devuelvan un poquito de lo que he perdido, pidió Verónica Tavera Jiménez, una de las 14 pasajeras sobrevivientes de un autobús que el 10 de enero de 2014 volcó y cayó de un puente vehicular por circular a velocidad excesiva.

Los lesionados en ese percance, quienes padecen secuelas permanentes, aún exigen al gobierno del estado de México que la empresa Ruta 27 pague tratamientos médicos e indemnizacines. Dos pasajeros perecieron.

Los afectados y sus familiares denunciaron que han sido amenazados por los concesionarios de la Ruta 27 para que se desistan de sus demandas.

Tavera Jiménez aún recuerda el día en que el microbús matrícula 461TL192 se desplomó de un puente de nueve metros de altura en el bulevar Cuautitlán Izcalli-Atizapán, en la colonia Villas de la Hacienda.

La mujer de 42 años sufrió traumatismo craneoencefálico, fractura del occipital izquierdo, traumatismo facial, abdominal, de tórax y de pierna derecha, entre otras lesiones graves.

Durante 21 días estuvo en coma. Actualmente padece secuelas que requieren terapias especiales, incluso tiene problemas para hablar, pero los empresarios de la Ruta 27 rehúsan pagar los daños.

Alejandra Nashilli Jiménez Guzmán, esposa de José Iván Gutiérrez Miranda, y Raquel Mariscal Tovar, de José Kuri Patjane, fallecieron meses después del accidente. Valeria Berenice Vera Padilla es otra pasajera que resultó herida.

Familiares de los sobrevivientes y fallecidos exigieron a la Secretaría de Movilidad Urbana del gobierno mexiquense que asuma su función y defienda los derechos de los pasajeros accidentados, ya que la empresa Ruta 27 no ha pagado ni siquiera el seguro de viajero.

Denunciaron que el presidente de la Ruta 27, Ignacio Galván Suárez, presumía de ser compadre de Carlos Flores, delegado de la Secretaría de Transporte en 2014, y de ser muy influyente en esa dependencia, dijo Germán González, esposo de Tavera Jiménez.