na alianza de empresas trasnacionales pro transgénicos se manifestó el pasado 29 de septiembre a fin de urgir la expedición de permisos para las siembras comerciales de maíz y soya transgénicos. Con su conformación refrendan que los modificados son una pieza clave para el control corporativo de los alimentos.
Declaran que México tiene un atraso de 20 años respecto del resto del mundo al no liberar la siembra comercial de maíz transgénico. Pero sus argumentos son obsoletos y uno a uno han sido desmontados por estudios científicos y por la experiencia de cultivo en Estados Unidos desde 1996. También eluden que en mayo de este año la Organización Mundial de la Salud dio un revés a Monsanto al determinar que el glifosato –ingrediente activo de su herbicida estrella RoundUp Ready– es cancerígeno: Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)
. Casi nueve de 10 eventos transgénicos son resistentes a este herbicida.
La Alianza Pro Transgénicos está formada por trasnacionales ubicadas en las distintas fases de la cadena de producción y consumo de maíz. Es impulsada por AgroBio, que integra a Monsanto, Dupont Pioneer, Dow, Syngenta y Bayer, quienes –sabemos– controlan junto con Basf el 100 por ciento de las semillas transgénicas en el mundo (Silvia Ribeiro, La Jornada, 3 de octubre de 2015); además, por la Asociación Mexicana de Semilleros (Amsac), que también los representa y fue una de las principales promotoras de la ley de semillas de 2007, que se propone bloquear el uso de los granos campesinos.
Del lado de los productores participa el Consejo Nacional Agropecuario, organismo cúpula empresarial en el campo, que ha logrado orientar el grueso de los subsidios hacia la agricultura industrial y los empresarios agrícolas. También aparecen los consejos regionales de la Comarca Lagunera, Tamaulipas y Chihuahua, que anhelan sembrar maíz transgénico.
Por parte de los consumidores industriales de maíz se registran 11 asociaciones ganaderas nacionales y locales, la mayoría de la región de La Laguna. La Confederación Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de Nutrición Animal (Conafab) integra, entre otros, a Purina, Cargill, Granjas Carrol y Alpura, quienes no tienen empacho en alimentar a sus animales con maíz transgénico y aumentar la producción de leche suministrando a las vacas semillas de algodón modificadas.
También aparece la Asociación de Proveedores de Productos Agropecuarios (Appamex), que reúne a las empresas internacionales importadoras y exportadoras que participan con más de 90 por ciento del comercio de estos productos y a las firmas de servicios que ellas requieren: elevadores, almacenes, transporte, etcétera. Están entre ellas ADM, Bunge, Cargill, Columbia, US Grains Council y US Soybean Export Council. Estos consumidores industriales y comercializadores de maíz se encuentran entre los principales importadores del cereal y se hicieron famosos porque a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) realizaron dumping contra los productores nacionales, inundando el mercado con importaciones subsidiadas a precios menores a su costo de producción y sin pagar ningún arancel.
Como último eslabón aparece la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (Antad), que aglutina a 35 cadenas de supermercados como Walmart, Costco, Soriana y más de 5 mil comercios.
Los aliados en favor del maíz modificado pretenden hacernos creer que les preocupa la autosuficiencia alimentaria del país y que si se permite la producción transgénica dejará de importarse maíz amarillo de Estados Unidos, que en más de 90 por ciento es transgénico. Pero estas empresas son las ganadoras del TLCAN, que ha eliminado las fronteras para sus negocios y como tales definen, de acuerdo con el precio y los subsidios, dónde comprar sus insumos. La producción de maíz para consumo humano está garantizada con la producción nacional, y aún quedan excedentes, pero la demanda creciente de la agroindustria ganadera y del maíz procesado se cubre con importaciones de alrededor de 10 millones de toneladas de maíz amarillo, que se destinan al ganado (9.5 millones de toneladas) y que junto con la producción nacional de maíz amarillo cubre la demanda de la industria de alimentos procesados (2.5 millones de toneladas). Lo que ofrecen estos amos del universo es contaminar todas las variedades mexicanas de maíz y todo el grano mexicano destinado a la fabricación de tortillas y otros alimentos de consumo diario, poner en peligro la salud humana y animal, erosionar la diversidad de razas y variedades de maíz, contaminar el ambiente y aumentar el uso de plaguicidas y agrotóxicos, a cambio de disminuir sus importaciones, siempre y cuando el precio, los subsidios o los esquemas financieros les beneficien. Mal negocio para el común de los mexicanos.
*Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)
