egún Clyde Prestowitz, ex consejero del Departamento de Comercio de Estados Unidos (EU) y actual presidente del Instituto de Estrategia Económica, el ingreso de México al Acuerdo de Asociación Transpacífica (ATP) podría no ser tan benéfico y pondría en riesgo varias industrias. Deberían analizarse cuidadosamente los motivos de ingreso y los riesgos. México no obtiene nada, el mercado estadunidense no se abre más y el mercado japonés tampoco cederá mucho más allá del acuerdo que ya existe.

En contraste, estima Prestowitz, al dar acceso privilegiado a ciertos productores, México podría poner en riesgo no sólo el mercado doméstico, sino también las cuotas de participación en ventas a EU frente a Japón y Vietnam. Lo que EU busca concretar con el ATP, agrega, es consolidar su figura en Asia y hacer cierto contrapeso a China. Es un asunto geopolítico. Y, concluye: México debería estar condicionando su participación como moneda de cambio para negociar ciertos temas de la agenda ( Reforma, 8/10/14).

Pero los que seguramente ganarán con México en el ATP son la Organización de Industrias Biotecnológicas (BIO) y la industria farmacéutica de EU, afiliada a Investigadores y Fabricantes Farmacéuticos de América (PhRma, por sus siglas en inglés). En ella aprecian que México aún no dispone de compromisos cuando el medicamento dilata en llegar al mercado, por demoras en el registro sanitario o en el levantamiento de las pruebas clínicas en pacientes. PhRma busca un plazo de compensación para la vigencia de las patentes, aunque ve bien que la Ssa pretenda acelerar la aprobación de los fármacos a 60 días.

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2014, el asentamiento de laboratorios de investigación y desarrollo (I+D) de industrias farmacéuticas en México es un negocio muy exitoso. La inversión ha crecido a una tasa promedio anual de casi 15 por ciento durante la primera década del siglo: sólo en 2011 invirtieron 2 mil millones de dólares y, en 2012, 2 mil 500. Mientras sus ventas sumaron 14 mil millones en 2012.

Es el caso de Astra Zeneca (ensayo clínico para el control de diabetes mellitus), Bayer (evaluación de la penetración efectiva de plaguicidas para la lucha antivectorial), Danone (estudio clínico aleatorio de un programa de alimentación complementaria para mujeres mexicanas adultas), Nestlé (ingesta de alimentos de la población urbana de México), Unilever (evaluación de la ingesta de ácidos grasos de la población mexicana) y Mead Johnson (efectos de la vitamina D en la salud de niños en edad prescolar).

Además, según la Cepal, en el área de I+D, la industria farmacéutica es una de las que más demandan servicios de deslocalización: traslado de centros de trabajo de países desarrollados a países con menos costos.

La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) evaluó en diciembre 2012 los textos –no públicos– sobre propiedad intelectual en el ATP y su conclusión fue inequívoca: en ellos se busca extender los tiempos de duración de las patentes de medicamentos. La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) ya había revelado las intenciones de las grandes farmacéuticas de EU.

¿Cómo? Sin establecer un estándar y dotada de un esquema elástico, la nueva protección dependerá del retraso en los procesos legales y sanitarios que pudieran impactar sobre el arribo del fármaco al mercado. Tal que la protección podría extenderse, según el caso, tres, cinco o más años.

Según Dagoberto Cortés, de Canifarma, la extensión se pretende garantizar frente a las siguientes dos situaciones: cuando la autoridad encargada de otorgar la protección de patentes (el Instituto Mexicano de Protección Intelectual, IMPI) pueda retrasar el proceso y, otro, cuando la autoridad encargada de otorgar el permiso de comercialización (la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris) se dilate más allá de lo que indica la Ley General de Salud (artículos transitorios) para el registro sanitario. Ambos tiempos serían adicionados al tiempo efectivo de la protección patentaria.

¿Quiere decir que si el IMPI y la Cofepris hacen bien su trabajo no habría posibilidad de extender las patentes?

Pero los textos también se refieren al aumento en el tiempo de exclusividad de los datos clínicos que amparan los estudios empleados para manifestar la eficacia y seguridad de los fármacos presentados ante las autoridades sanitarias. El ATP aspira a incorporar un periodo adicional a los cinco años que estipula el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a fin de preservar el uso restringido de esa información.

Esta medida podría impactar sobre el arribo de los genéricos al mercado, toda vez que los fabricantes se sirven de esta información para avivar el proceso de investigación.

En diciembre 2014, Mikel Arreola (Cofepris) informó que en dos años aumentó 40 por ciento la emisión de certificados para exportación de productos mexicanos. Y desde el Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani agregó que para las empresas ha significado un ahorro de 2 mil millones de pesos en gastos administrativos.

Para la industria, estas mejoras desplazan la balanza hacia las ventas exteriores, aunque 90 por ciento de los insumos y los medicamentos que se consumen internamente se compren afuera.

¿Quién gana con los riesgos del ATP? No los pacientes que pagan los medicamentos, ni IMSS-Issste, que constituyen el principal comprador público. ¿Qué firmó Guajardo? Lo que sigue es que rinda cuentas y el debate nacional anule lo que, sin consulta y en opacidad, se atrevió a firmar.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco