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México viola su propia ley migratoria
E

nrique Peña Nieto, en su discurso ante la 70 Asamblea General de Naciones Unidas, el 28 de septiembre, señaló que el movimiento migratorio actual de millones de personas se debe a que buscan mejores condiciones de vida, cuyas historias son de riesgo, rechazo, discriminación y abuso, sobre todo cuando son estigmatizados y se les responsabiliza de las dificultades de los propios países de destino. Señaló además que México tiene una de las legislaciones más avanzadas en favor de los derechos humanos y que se trabaja para asegurar su vigencia en toda la geografía nacional. Propone Peña Nieto sumar esfuerzos para crear un esquema mundial de los derechos de los migrantes a la altura de los desafíos que estamos viviendo. Nadie podría criticar ni mucho menos estar en contra de propuestas tan loables como las presentadas en Naciones Unidas por el presidente mexicano. El único problema es que se trata de un discurso esquizofrénico pues, justo México, es uno de los países donde se producen numerosas violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Tal parece que es la estrategia de esta administración, ya que la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, quien formó parte del presídium en el foro Fortalecimiento de la Cooperación sobre Migración y Refugio en la Nueva Agenda de Desarrollo, señaló que los migrantes son estigmatizados y que la Agenda del Desarrollo debe traducirse en la protección de sus derechos y México tiene amplia experiencia para aportar a este tema internacional. Lamentablemente a México le falta mucho para ser un ejemplo internacional en materia migratoria. Veamos algunos datos.

Es cierto que el país tiene una nueva ley de migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011, cuyas disposiciones más importantes son: el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuera origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada. No hay duda de que en el papel se trata de una ley que cumple todas las expectativas acerca del respeto a los derechos humanos de los migrantes. Sin embargo, lamentablemente es letra muerta.

Los migrantes centroamericanos se juegan la vida en su paso por México por los mismos argumentos esgrimidos por Peña Nieto; es decir, la búsqueda de mejores condiciones de vida, la inseguridad que se vive en sus países, pobreza, etcétera. Sin embargo, la respuesta del gobierno mexicano ha sido aplicar el llamado Plan Frontera Sur, cuyo objetivo central es detener a los centroamericanos en la frontera. El resultado es que ahora México deporta una cantidad mayor de migrantes que la propia Patrulla Fronteriza estadunidense (85 mil 131 migrantes no mexicanos), cuando en el mismo periodo el Instituto Nacional de Migración (INM) deportó a 92 mil 889 centroamericanos ( Animal Político).

México no tiene el menor empacho en hacer el trabajo sucio para tener contento a Estados Unidos, que de esta forma ha desplazado el problema y ha dejado de ser el deportador número uno y lo ha traspasado a México, país que recibirá del presupuesto norteamericano para 2016 la cantidad de 142 millones de dólares para reforzar el control de la frontera sur de México (Telesur).

A los niños migrantes no acompañados centroamericanos que llegaron a Estados Unidos se les dio la oportunidad de buscar asilo y la posibilidad de vivir con algún conocido o familiar hasta que se resolviera el juicio que podía durar meses. Sin embargo, en México, miles de niños y familias vulnerables están siendo deportados, sin tener la oportunidad de buscar protección o refugio, a pesar de que no sólo huyen de la pobreza y la corrupción, sino de una escalada de violencia a nivel nunca antes visto en la región. Tan sólo en El Salvador se reportan 43.9 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras en Honduras las estadísticas señalan que en 2014 presentó la tasa de homicidios más alta en todo el hemisferio (103.9 homicidios por cada cien mil habitantes), cifras muy superiores a la tasa que presenta México de 22 homicidios por cada 100 mil habitantes (Global Status Report on Violence Prevention 2014). A pesar de estos datos tan preocupantes, en los primeros cinco meses de 2015 las autoridades mexicanas deportaron una cifra récord de niños y jóvenes migrantes centroamericanos respecto del mismo periodo de 2014; es decir, 3 mil 819 niños deportados, lo que supone un incremento de 56 por ciento (Unidad de Política Migratoria de la Segob).

Ojalá las cosas no fueran así, pero la realidad es que el gobierno mexicano no es el adalid en la defensa de los derechos humanos, migrantes o no, como pretende. Los propios defensores de los derechos humanos, que en muchas ocasiones se juegan la vida, han denunciado las constantes violaciones, secuestros, extorsiones y asesinatos que sufren los indocumentados, no sólo en manos de la delincuencia, sino de los propios cuerpos de seguridad del Estado.

La manipulación de la información sólo sirve para retrasar la solución de los graves conflictos que aquejan a la sociedad mexicana.