a titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, anunció ayer, en una comparecencia en el Senado, que se realizará un tercer peritaje –adicional al efectuado por esa institución y al que ordenó posteriormente el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)– en el basurero municipal de Cocula, Guerrero, para determinar en definitiva si es cierto o no que los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa capturados en Iguala la noche del 26 de septiembre del año pasado fueron incinerados en ese sitio, como aseguró el ex procurador Jesús Murillo Karam mes y medio más tarde, versión que hasta ahora tiene rango de oficial.

A decir de Arely Gómez, el peritaje será llevado a cabo por ocho expertos de cinco países, incluido el peruano José Luis Torero, contratado por el GIEI, quien emitió un dictamen en el que se afirma que tal incineración es imposible. Asimismo, la funcionaria dijo que se realizará un peritaje del quinto autobús tomado por los estudiantes aquella noche, cuya existencia no figuró en las versiones de la PGR hasta que los expertos internacionales la dieron a conocer, el pasado 6 de septiembre.

Cabe recordar, al respecto, que lo que Murillo Karam llamó verdad histórica en su conferencia de prensa del 7 de noviembre de 2014 fue puesto en duda por amplios sectores desde ese mismo día, y que de entonces a la fecha los padres de los muchachos desaparecidos, diversos académicos, organismos sociales, así como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el GIEI, han señalado las numerosas inconsistencias del relato oficial. Como se señaló en este mismo espacio al día siguiente, el gobierno no ha sido capaz de explicar cabalmente ni de manera irrefutable por qué fueron asesinados tres estudiantes ni por qué se encuentran desaparecidos otros 43 y cuál es su paradero.

La decisión de ordenar un tercer peritaje resulta, con estos hechos en mente, sumamente riesgosa para la máxima instancia de procuración de justicia del país: si los expertos que participarán en el ejercicio presentan una conclusión dividida, no habrá ya manera de saber si la versión oficial es cierta o no; pero si ratifican los señalamientos de que la incineración fue físicamente imposible, entonces resultará imperativo emprender una nueva investigación prácticamente desde cero y sumar una nueva pesquisa a fin de determinar por qué la PGR construyó, difundió y defendió una historia truculenta pero imaginaria, así como deslindar las responsabilidades que correspondan por las graves irregularidades en las que han incurrido varios de sus funcionarios y ex servidores en el caso.

Así, a la agresión criminal del 26 de septiembre y a la intolerable falta de certeza sobre el paradero de los 43 normalistas se suma un factor adicional de exasperación y descrédito: la ineficacia de una dependencia de procuración que, en ausencia de un trabajo de esclarecimiento sólido y coherente, se ve obligada a someter a un segundo examen la veracidad de sus propias conclusiones sobre hechos ocurridos hace más de un año.

La erosión institucional causada por estas conductas erráticas rebasa a la propia PGR y afecta al gobierno en general. Hoy más que nunca resulta urgente un cambio de actitud que podría empezar por la plena aceptación, sin simulaciones ni opacidades, de las recomendaciones del GIEI y, por su conducto, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.