l 24 de noviembre de 2010, el fotógrafo Saúl López Escorcia, de la agencia Cuartoscuro (dirigida por Pedro Valtierra), tomó una gráfica significativa y premonitoria. José Andrés de Oteyza y Fernández-Valdemoro, presidente del consejo de administración de OHL México, sostenía un intenso y confianzudo diálogo con Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del estado de México, mientras Gerardo Ruiz Esparza, entonces secretario de Comunicaciones de esa entidad, parecía estar entre el azoro y la preocupación.

Más que un diálogo, De Oteyza encaraba al gobernante, con el rostro levantado y un índice en el costado del nativo de Atlacomulco quien, con un gesto de extrañeza y ambas manos abiertas, dirigidas hacia los lados, semejaba desconcierto o desconocimiento del tema o temas que el ejecutivo de la trasnacional española le estaba planteando o reclamando. Casi una repetición con olor a chorizo del foxista ¿Y yo por qué? en Cuautitlán Izcalli, donde se inauguraba en aquel 2010 el tramo Lago de Guadalupe-Tepalcapa del viaducto elevado Bicentenario. En el acto estuvo presente también el ex gobernador de esa entidad Alfredo del Mazo González, a quien el reportero gráfico López Escorcia captó en situación menos comprometida junto a Ruiz Esparza, sonrientes y relajados. Otra imagen del día muestra a Peña Nieto a bordo de un vehículo descubierto en un recorrido triunfal por la vialidad puesta en servicio, con una mano en lo alto y De Otezya a un lado, copartícipe.

Aun cuando dichas gráficas se produjeron cuando Peña Nieto era gobernador, y no titular de la Presidencia de la República, el significado y la lección trascienden el ámbito estatal y la temporalidad específica (https://goo.gl/uaYQ1Y). De Oteyza y OHL mantienen el mismo acceso a los políticos amigos, con la misma intensidad y el dedo índice encajado para dar más fuerza a argumentos, reproches o señalamientos. Son los mismos: EPN pasó del Poder Ejecutivo mexiquense al federal, Ruiz Esparza pasó de la secretaría estatal de Comunicaciones a la federal de Comunicaciones y Transportes, y De Oteyza sigue como máximo responsable de las operaciones políticas de concertación de voluntades para negocios inflados, excesivos, dañinos a los erarios del estado de México y la República entera, diseñados para llevar ganancias estratosféricas a los dueños españoles y a sus aliados empresariales en México, pero también a funcionarios y políticos de distinto nivel.

En este caso, tal vez una foto diga más que varios audios y muchos miles de palabras. Deberían bastar las grabaciones de pláticas telefónicas que fueron intervenidas y luego difundidas para dejar en claro que hay empresas de muy alto nivel que presionan, condicionan y benefician a funcionarios de diverso nivel para trampear concursos, esquemas de trabajo, costos finales y formas de operación de obras y servicios muy importantes, como las vialidades de cuota en el estado de México (pero no sólo eso ni sólo allí). También deberían ser suficientes los estudios que muestran con detalles técnicos la colusión de esos ejecutivos de empresas trasnacionales y miembros del Poder Ejecutivo para cometer actos de corrupción. O la evidente desproporción policiaca y judicial contra empresarios que han denunciado ese mar de corrupción con OHL, De Oteyza y políticos y funcionarios como personajes embarrados. Pero es posible que la fotografía de Saúl López Escorcia diga más, lo suficiente para confirmar los entendimientos, tanto en el estado de México en 2010, como en el plano federal en 2015.

No podemos tener un país tan importante como México que tenga un porcentaje de 98 por ciento de delitos no resueltos, dijo ayer el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, luego de entrevistarse con Enrique Peña Nieto. El diplomático también instó a la elaboración de un plan de retorno de tropas a sus cuarteles para que ya no participen en tareas policiacas y de seguridad pública, e insistió en la importancia de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes pueda entrevistar con libertad a soldados del 27 batallón de infantería de Iguala.

El Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP o, conforme a su denominación en inglés, TPP) ha sido negociado y suscrito en un contexto de opacidad generalizada, apenas algunos retazos dados a conocer a ciertos sectores representativos, convertida la administración Peña Nieto en instancia procesadora de intereses de élite. Las consecuencias de esos arreglos casi privados, que habrán de pasar por instancias legislativas mexicanas poco críticas, se sumarán al amplio y sostenido curso de entrega de riqueza nacional al extranjero y de concentración de ganancias y riquezas en ciertos grupos políticos y empresariales. Aun así, ayer el ocupante de Los Pinos pronunció un discurso de aliento a la competencia empresarial y dijo que con el ATP se superaron temores mexicanos a la apertura y la disputa comerciales.

El nuevo gobernador de San Luis Potosí, el priísta Juan Manuel Carreras, se ha topado con la tozudez expansiva del general en retiro que fue asignado como secretario estatal de seguridad pública, Arturo Gutiérrez García, quien ya había sido comandante de la zona militar en SLP (el indolente gobernador anterior, Fernando Toranzo, solía enterarse de hechos violentos hasta que ese general decidía dar información) y luego estuvo en Tamaulipas como titular de la SSP, entre polémicas variadas. El general Gutiérrez se ha obstinado en colocar como jefe operativo de las policías a un coronel, Pablo Castellanos, quien estuvo en prisiones militares de 1997 a 2001, bajo acusaciones de ejercicio indebido del servicio público. Según señalamientos de Francisca Reséndiz, dirigente de uno de los sindicatos de burócratas potosinos, junto con el general y el coronel llegaron a SLP 150 personas de Tamaulipas para ocupar plazas policiacas.

Y, mientras la CNTE ha convocado a un paro y protestas el próximo 12, ¡hasta mañana, con nueve jóvenes desaparecidos en Chihuahua!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx