a razón de ser de un sistema público de salud es resolver los problemas de salud de la población y desarrollar acciones intensivas de educación, promoción y prevención. Parece que los altos funcionarios del sector no comprenden que la base necesaria es un sistema público de salud coherente. Tratan de sustituir su buen funcionamiento con medidas o declaraciones espectaculares. Veamos el caso de la Secretaría de Salud del Distrito Federal (Ssedesa).
Un tema ilustrativo de profundas raíces es la movilización del personal de los nuevos hospitales de la ciudad –los generales de Ajusco Medio y Tláhuac y la Clínica Hospital Emiliano Zapata– exigiendo su basificación. Tuvieron vistosas inauguraciones en 2010 pero tardaron más de dos años para estar en funcionamiento.
El nuevo personal de la Sedesa –cerca de nueve mil trabajadores– se ha contratado por honorarios con recursos del Seguro Popular (SP) y hasta recientemente sin ninguna prestación laboral y menos seguridad en el trabajo. Esta situación ha resultado en una alta rotación de los empleados; por ejemplo, en Ajusco Medio de 120 por ciento, que va en detrimento de la continuidad y calidad de la atención. Actualmente, se ha logrado un nuevo régimen llamado Estabilidad Laboral que significa mejoras, pero no es igual a la basificación.
En esta movilización también se pusieron de manifiesto problemas como el desabasto de medicamentos y otros insumos médicos, así como la falta de mantenimiento del equipo que aqueja todo las unidades médicas de Sedesa. También salió a la luz pública que a la ampliación del hospital general de Iztapalapa, con una inversión de cerca de 350 millones en obra y equipamiento, está sin usarse a pesar de una demanda muy alta.
Detrás de esa situación está la creciente dependencia financiera de la Sedesa del SP y el presupuesto federal. Entre 2006 y 2014 los recursos propios del Gobierno del Distrito Federal (GDF) para salud bajaron en 9 por ciento y 60 por ciento del presupuesto total de salud provino de la federación en 2014. La dependencia financiera le permite al SP poner las reglas y condiciones de operación. Una es que los afiliados a ese seguro tienen acceso y trato preferencial respecto del resto de los usuarios de los servicios de salud. O sea, éstos son discriminados contra toda ética médica y de derechos humanos. Esta situación es especialmente inmoral, ya que el Distrito Federal tiene un programa de servicios y medicamentos gratuitos para la población sin seguro social laboral, iniciado en 2001 y legislado en 2006. Todavía más demagógico es que el GDF ha ofrecido, con gran despliegue publicitario, este programa a distintos grupos de la población, como taxistas o trabajadores domésticas, cuando le conviene políticamente.
Hoy los principales problemas de salud en el Distrito Federal son las enfermedades del sistema circulatorio, la diabetes y el cáncer. La garantía principal de una buena atención, aparte de disponer de los recursos físicos y humanos necesarios, es dar un seguimiento sistemático a los pacientes. Varios de las acciones espectaculares de la Sedesa como los consultorios en el Metro, la mastografía indiscriminada por delegación, las brigadas de salud, los Medibuses, entre otros, no cumplen con este criterio. Por ejemplo, los datos de mortalidad por cáncer de mama son ilustrativos y preocupantes. Así el número de defunciones por esta causa subieron de 611, en 2006, a 668, en 2012, o de 13.5, a 14.4 por 100 mil. De la misma manera, la mortalidad por enfermedades del corazón corregida por el envejecimiento de la población se incrementó 23 por ciento y la de diabetes un 11 por ciento en el mismo periodo.
Frente a esto datos el yoga dominguero en Reforma o la incorporación de veterinarios al programa El Médico en Tu Casa sirven poco, por mediáticos que sean. Respecto de este programa hay que señalar que los especialistas visitantes son los de los centros de salud que se ven obligados a dejar la consulta, por lo que se prolongan las esperas para los pacientes. Está bien desarrollar servicios la comunidad con personal específico y una orientación de promoción, educación, prevención y seguimiento, como se hace en muchos países.
La Sedesa, además, participa en ensayos clínicos poco transparentes. Un ejemplo es la inoculación de niños con la cuestionada vacuna contra el virus del papiloma humano. A pregunta expresa vía InfoDF nos respondió que se habían gastado 7.6 millones de pesos en las vacunas, pero que no podíamos conocer el protocolo al ser una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, que a su vez nos contestó que era información reservada.
Como se aprecia, la Sedesa está lejos de cumplir con los criterios básicos de un buen servicio a la población.
