Moscú.

Los dirigentes de los territorios que no se subordinan al gobierno de Kiev –tras hacer suya la recomendación del Kremlin– anunciaron este martes su decisión de posponer los comicios que, al margen de la legislación ucrania, tenían previsto llevar a cabo en Donietsk el 18 de octubre y en Lugansk el primero de noviembre, lo cual deja abierta la puerta para seguir negociando un complejo arreglo político en el este de Ucrania.

El anuncio se hizo coincidir con la enésima reunión en Minsk, capital de Bielorrusia, del Grupo de Contacto, formado por Ucrania, Rusia y las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donietsk y Lugansk (RPD y RPL, siglas que corresponden a los territorios bajo control de los separatistas), con la mediación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), aunque en realidad es uno de los acuerdos tácitos, quizás el único, de la reciente cumbre de París, con la participación de los líderes de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania.

Con esta decisión, de hecho y salvo que se reanuden los combates, se extiende al menos hasta el 21 de febrero de 2016 –fecha propuesta hoy para celebrar los comicios con apego a la legislación ucrania– el plazo de cumplimiento de lo pactado en Minsk-2, fijado inicialmente para finales de este año y que desde febrero anterior sirve de base para negociar.

Sumada al retiro de los tanques, cañones y otro armamento pesado –que el gobierno de Kiev y las RPD y RPL aceptaron realizar desde antes de la cumbre de París–, la posposición de unas elecciones que equivaldrían a enterrar el proceso iniciado en Minsk-2 es sin duda una buena noticia, sobre todo para la población civil que sufre las consecuencias del conflicto en el este de Ucrania.

Ahora, como siguiente paso para poner fin a la inútil guerra fratricida, la misión de la OSCE in situ deberá garantizar que se establezca la zona libre de bombardeos de 30 kilómetros de ancho a lo largo de la línea de delimitación de las posiciones del ejército ucranio y de las milicias separatistas.

Sin embargo, para el presidente ucranio Petro Poroshenko y los dirigentes de la RPD, Aleksandr Zajarchenko, y de la RPL, Igor Plotnitsky, así como para sus apoyos externos tanto en Occidente, el primero, como en Moscú, los segundos, el anuncio de hoy es sólo un respiro de cuatro meses, que relega a segundo plano la opción de intentar resolver por la fuerza sus controversias, sin cancelarla del todo.

Se abre, a partir de este martes y en el entendido de que ambas partes respeten el alto el fuego, una suerte de paréntesis que nadie sabe cuándo ni cómo se va a poder cerrar, debido a las interpretaciones antagónicas de los compromisos asumidos en Minsk-2, divergencias que surgen por la ambigüedad del texto o por simple conveniencia.

En principio la RPD y la RPL aceptan celebrar elecciones conforme a la legislación ucrania y bajo observación de la OSCE, siempre y cuando el gobierno de Ucrania cumpla varias exigencias, entre otras: conceder un estatus especial permanente a los territorios que no se subordinan a Kiev, decretar una amnistía general que exonere de responsabilidad penal a todos los participantes en los enfrentamientos armados y votar de nuevo, tras acordarlas con sus representantes, las enmiendas a la Constitución para conceder más derechos a las regiones orientales del país.

Y aquí parece cerrarse el círculo vicioso, por cuanto Kiev –aparte de que difícilmente pueda conseguir dos tercios de los votos de la Rada para modificar la Carta Magna y satisfacer las demandas de los separatistas– insiste en que sólo va a negociar con representantes legítimos de la cuenca minera de Donbás, donde se ubican la RPD y la RPL, que primero deben ser elegidos en el marco legal de Ucrania.

Los separatistas demandan que el Parlamento ucranio apruebe una ley electoral exclusiva para los territorios especiales y según la cual sólo podrán participar los partidos políticos que en Donietsk y Lugansk tenían registro en 2014, lo que impide postular candidatos de Solidaridad, el partido de Poroshenko, así como de otros como el Frente Popular o Autoayuda, aparte de que quieren fijar un mínimo de residencia de cinco años que excluye a candidatos no locales.

El gobierno de Poroshenko –dispuesto a conceder el estatus especial y una amnistía parcial no antes de que la OSCE certifique la validez de la votación– revira que la legislación electoral es la misma para todo el país y que no pueden ser postulados quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad, entre los cuales incluye a los dirigentes separatistas.

Mientras tratan de resolver este nudo de contradicciones, los negociadores deben abordar otros aspectos no menos complejos como el intercambio de prisioneros, el libre acceso de observadores de la OSCE a la zona de conflicto, incluidos los 400 kilómetros de frontera con Rusia bajo control separatista, el regreso de organizaciones humanitarias, el desbloqueo económico y de transporte de Donbás, la reconstrucción de la infraestructura y viviendas devastadas, por mencionar algunos.