a Cámara de Diputados recibió la iniciativa presidencial de ley federal de zonas económicas especiales (ZEE) y fue turnada a la Comisión de Economía para dictamen y a la de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión. A ella se anexó el dictamen de Hacienda sobre el impacto presupuestario. Se parte del diagnóstico sobre el sur del país: alto grado de rezago social coincidente con estancamiento económico estructural, 60 por ciento de municipios con rezago alto o muy alto, mientras en el norte es de 2.2 por ciento. Llama la atención su enfoque. Define, en nota, el sur como: Chiapas, Guerrero y Oaxaca; ¿y Michoacán? lo incluyen en las entidades del norte, región que aparece como el contraste en materia de desarrollo económico. Aborda también la autocrítica de que el asistencialismo sólo contiene, pero no resuelve la pobreza. Tenemos que transitar del asistencialismo, que ha sido insuficiente, que nos ha permitido solamente mitigar la pobreza, a lo que realmente buscamos, que es crecimiento incluyente, indicó Peña Nieto al anunciar en Chiapas la firma de su iniciativa.

Mediante las ZEE se propone el fomento económico para mejorar la competitividad; se focalizarán en las zonas estímulos y otros incentivos de orden económico que favorezcan a las empresas que se establezcan en las regiones. Señala que se logrará la generación de empleos de alta calidad y bienestar social para la población ubicada en tales estados del país. Las zonas, señala, son territorios delimitados que gozan de una ubicación geográfica estratégica. Buscarán atraer empresas ancla que jalen a otras partiendo de casos exitosos en China, India, Corea del Sur, Polonia.

Realizarán actividades de manufactura, procesamiento, transformación y almacenamiento, prestación de servicios e introducción de mercancías del exterior para esos efectos. De paso, anotan que pedirán un estudio de impacto social y ambiental, sin considerarlo requisito previo y menos condicionante en sus resultados para las decisiones. ¿Y los pueblos de los territorios que asignarán a las ZEE? No los olvidan, los minimizan: Con la finalidad de tomarlos en cuenta, Gobernación, Hacienda y las entidades federativas y municipios involucrados, realizarán la consulta previa, libre e informada y cualquier otro acto que se requiera para salvaguardar los derechos de pueblos y comunidades indígenas (artículo 18). Al fin que su consulta en Juchitán ya consolidó su protocolo para dividir a las comunidades, definir quiénes son representativos y lograr el consentimiento con bajos costos. Asumiendo aberraciones como lo declarado en la asamblea final del pasado 30 de julio por la Empresa Eólica del Sur, en el sentido de que no afectará la flora, simplemente la reubicará. Pero no arriesgan, declaran que las ZEE son causa de utilidad pública, por lo que se les asocia a expropiación. Está claro que la Constitución reconoce autonomía y libre determinación a los pueblos y el Estado les ofrece consulta para decir sí y si se oponen los expropian y los convierten en personas susceptibles de recibir beneficios económicos. La iniciativa no menciona las ZEE específicas que se anunciaron ya: Puerto Lázaro Cárdenas, que abarcará municipios colindantes de Michoacán y Guerrero; el Corredor Interoceánico de Tehuantepec, que incluye Coatzacoalcos, Veracruz, Salina Cruz, Oaxaca, y Puerto Chiapas (antes Madero), en Chiapas. Se habla de las 10 entidades federativas con mayor índice de pobreza multidimensional. Falta ver cómo conceptualizan sus regiones, pues manejan que las ZEE se harán en poblaciones de entre 50 mil y 500 mil habitantes. Cada zona será creada por decreto del Ejecutivo federal.

Para su concepción, reivindican que la ley contó con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Universidad Harvard. Esos son los auténticos titulares del derecho a la consulta y el consentimiento previo. Al Congreso de la Unión le están tratando como mera oficina de trámite, ya les anexan hasta el dictamen presupuestario y Hacienda anuncia su cronograma: 2015, aprobación de la ley, 2016 sus primeras ZEE. La Presidencia de la República ha informado que se prevén obras con una inversión en infraestructura cercana a 115 mil millones de pesos, que incluyen gasoductos, ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, puertos y de logística. Es indicativo que sea la de Diputados la cámara de origen, señal de que ya sacaron sus cuentas de votos leales.

El nuevo eslabón para el despojo de los pueblos forma parte de la cadena de reformas llamadas estructurales. Habrá que acercarse a la realidad del impacto de las ZEE en otros países. Honduras, por ejemplo, que no la mencionan entre las exitosas. Es un hecho que ya tienen avances en las primeras que declaran, el capital trasnacional se está moviendo y el Estado con ellos, en ese orden. Falta el análisis de economistas críticos. Falta la palabra y las acciones de los pueblos.