La Comisión de Trata de Personas del Senado presentará esta semana un punto de acuerdo de urgente resolución por el que solicitará al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, que acompañe a los integrantes de esa instancia a una visita de trabajo a Chiapas.

Lo anterior tiene por objeto ‘‘verificar la situación de las mujeres migrantes acusadas de trata de personas, debido a que existe profunda discriminación y abuso de autoridad en contra de centroamericanas que van a Estados Unidos’’.

El investigador, de la Universidad Iberoamericana, Cristóbal Sánchez, expuso en el Senado el caso de 23 mujeres migrantes acusadas de trata de personas en Tapachula, Chiapas. Aseveró que una de cada cuatro presas en ese estado son acusadas de ese delito.

El investigador subrayó ante los legisladores que de las 23 mujeres internadas en el Centro Femenil Número 4, en Tapachula, la mitad son hondureñas y las demás salvadoreñas y guatemaltecas. Hizo notar que ‘‘de entrada vemos que 70 por ciento de la población de centroamericanas es inculpada por el delito de trata; ahí se ve un sesgo discriminador y racista de la política del estado de Chiapas, que se refleja en la política nacional’’.

Sánchez apuntó enseguida que 60 por ciento de las acusadas ya tienen sentencias que van de 6 a 27 años de cárcel, pero 40 por ciento de ellas tiene más de dos años en prisión y no han recibido sentencia.

Destacó que las mujeres migrantes detenidas sólo reconocen que ‘‘hacen labores para las que no fueron contratadas en botaneros, cantinas, prostíbulos y lupanares de la frontera sur’’. Sánchez hizo notar que de las entrevistas realizadas a las 23 mujeres detenidas en ese penal se deduce que ante la presión social las autoridades detienen a centroamericanas para imputarles falsamente delitos que no cometieron, de los cuales difícilmente pueden defenderse debido a su vulnerabilidad y a la corrupción del sistema de procuración y administración de justicia estatal.

El experto denunció que, de acuerdo con su investigación, a las 23 mujeres acusadas de trata de personas en Chiapas ‘‘jamás se les presentó orden de aprehensión ni tampoco se les dijo cuáles eran sus derechos; 85 por ciento de ellas fueron aprehendidas sin que se les dijera el motivo de su detención, y 13 por ciento señalan que les indicaron ‘‘que sólo iban a declarar o que habían recibido una llamada anónima’’.

Agrega que ‘‘todas las mujeres migrantes acusadas señalan que fueron obligadas a firmar papeles en blanco. Les prohibieron leer las declaraciones y fueron forzadas a firmarlas bajo mentiras’’. Abundó que ‘‘la mayoría de ellas acusan que fueron presionadas para declarar sobre algo que las culpaba la autoridad, y algunas más sostienen que fueron engañadas’’.

Asimismo, continuó, “se les negó el apoyo consular, nunca se entrevistaron con un abogado antes de rendir declaración y a todas se les negó el derecho a realizar un llamada telefónica’’.