ucha molestia provocó en el gobierno el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación que al respecto existe en México y que calificó de grave. Es comprensible esa molestia desde un punto de vista político. Pero no puede crearse en torno a los hechos una cortina de humo.

La respuesta oficial al informe es que no representa las condiciones realmente existentes en el país. En el caso concreto de los desaparecidos de Ayotzinapa, la postura del gobierno considera que es una situación extraordinaria y que, por ello, no puede ser comparada con ninguna otra en el país y plantear que sea algo generalizado.

Para que algo sea extraordinario debe necesariamente confrontarse con aquello que es ordinario, es decir, común, regular y que sucede habitualmente, según consigna el diccionario. Así que el señalamiento anterior nos lleva directo a mirar lo que es ordinario en materia de derechos humanos. Esto incluye, entre otros aspectos, a la seguridad pública, la violencia en muchas formas (como la que se ejerce sobre mujeres, niños, activistas, periodistas y migrantes), la fallida procuración de la justicia, las múltiples prácticas de corrupción, las precarias condiciones de satisfacción de las necesidades de la población, como son: alimentación, educación, salud, empleo, vivienda, o sea, la pobreza y, también, la relación general y específica entre la sociedad y el poder.

Es, en efecto, un amplio catálogo al que de modo explícito nos remite la postura oficial. Y, si se toma al caso Ayotzinapa como paradigmático, tal y como se hace en la reacción ante en informe de la CIDH, los demás casos que caen dentro de lo ordinario toman una dimensión más concreta, real y significativa. Se abre así de par en par un debate profundo sobre lo ordinario aparejado a lo extraordinario. Ese es ya un efecto positivo del informe de la comisión.

Además, el malestar que ha provocado dicho informe llevó de modo casi natural a la reacción de descalificar cualquier observación que provenga de fuera. En la misma posición oficial se sostiene que “la historia… acredita que las conclusiones del país (sic) las tenemos que encontrar los mexicanos, las soluciones en donde vengan de fuera… sustituyendo… las de los mexicanos son siempre salidas fáciles y que conducen al fracaso”.

Esta es una reacción instintiva que viene de las entrañas de una forma de gobernar que tiene cada vez menos cabida aquí y en la sociedad global en la que se quiere participar de modo activo. No puede admitirse abiertamente una observación puntual y aceptarse decisiones tomadas fuera en materia económica, de inversiones y de flujos de capital y rechazarla tajantemente en cuestiones políticas.

Economía y política no son ambientes separados. Tampoco la definición de los derechos humanos y su salvaguarda jurídica e institucional. Intentar hacerlo lleva a conflictos como ocurrió en la ex Unión Soviética o en el mismo México en la primera parte de la década de 1980. Las consecuencias son ya bien conocidas en una y en otra de estas sociedades tan alejadas en otros sentidos. Pero hay una fuerte tentación y conveniencia para separarlas por parte de quienes gobiernan por todas partes.

El informe de la CIDH ha calado en el medio político y se demanda que los expertos revisen sus consideraciones, cosa que, sin duda, debe hacerse en una versión final. Pero eso no equivale a modificar su esencia, esa está ahí ineludiblemente; se ha publicado extensamente en todo el mundo.

Se dijo que el documento solo refleja lo que a los expertos les han contado, sin ser eso la verdad. Esa es ya una clara descalificación que indica la posición defensiva en la que se ha puesto el gobierno, al mismo tiempo que se le reconoce la apertura para que se hicieran las investigaciones correspondientes. Esto solo para hablar de contradicciones.

Se exige pues que la CIDH exprese en verdad lo que está sucediendo en México y cuál es la realidad. No se trata, se ha dicho, de ocultar nada, pues no hay nada que esconder, solo se quiere la verdad. Esto puede abrir una caja de Pandora. La verdad no es única y menos en conflictos tan graves como los que representan lo ordinario y lo extraordinario que ocurre en el país con los derechos humanos.

El informe motivo de esta disputa tiene un significado político para el gobierno y otro que puede ser muy distinto para la sociedad. Esto abre otro frente que se ubica en el campo de la credibilidad. No puede desligarse el impacto del informe mismo y de la reacción oficial en la percepción y, sobre todo, en las experiencias que sobre seguridad, bienestar y derechos civiles existe entre la gente.

Los ciudadanos y, sobre todo, los políticos debemos saber cuándo hablar y cuándo callar. Ambas partes adquirimos junto con nuestros derechos una serie de obligaciones y, con ellas, un conjunto de responsabilidades. Sepamos cuando hay que inclinar levemente la cabeza en un acto de reflexión para exigir y cumplir. Pero sobre todo, no neguemos a sabiendas lo que ocurre y el alto grado de deterioro de las condiciones de seguridad y cumplimiento de los derechos que existe en el país. Esa es una parte muy grande de la verdad.