La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) informó directamente al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos, los detalles de una campaña de hostigamiento mediante llamadas telefónicas realizadas por personas que se identificaron como militares. Cienfuegos admitió que los telefonemas y amenazas contra personal del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (el archivo Gregorio Selser) son intimidatorias y ordenó de inmediato turnar el caso a la Procuraduría de Justicia militar.

Así consta en los oficios elaborados por Federico Anaya, abogado general de la UACM, quien llevan un registro de los hechos. Estos fueron entregados en mano al titular de la Sedena el 24 de septiembre, cuando recibió a Beatriz Torres, directora del Camena, y a Anaya, acompañados por la senadora Dolores Padierna, quien hizo la gestión para dicha audiencia, y el senador Alejandro Encinas.

Ahí fue informado que el pasado 11 de septiembre una persona que se identificó como teniente de la Policía Federal llamó al Camena preguntando por la maestra Beatriz Torres. A su secretaria le dijo que Torres podía darle información sobre el paradero de Jaime Vuelvas Arias, quien supuestamente tiene una orden de aprehensión en su contra por una deuda de 2 millones de pesos por contratar servicios de escolta.

El acosador desertó, revela Cienfuegos

Quien se identifica como Armando Llop dejó su número de teléfono. Torres, quien asegura que no conoce a nadie llamado Vuelvas Arias, puso el asunto en manos del abogado general. Anaya contactó al presunto teniente Llop, quien dice ser militar retirado y propietario de una agencia de seguridad privada. Sin que la UACM sea la instancia para localizar a la persona que busca, Llop insiste que Vuelvas pagó a Banjército con un cheque sin fondos.

Aunque Anaya respondió que en ningún caso le tocaría a la UACM proporcionar información, sino que tendría que hacer su indagación en la sección de transparencia de su portal de la UACM, Llop ha insistido en sucesivas llamadas en buscar a su acreedor a través de la casa de estudios.

Adicionalmente, el abogado general verificó que en los registros presentes y pasados de la UACM no existe indicio alguno, laboral o académico, de una persona de apellido Vuelvas Arias.

Armando Llop, presuntamente egresado de la Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea y perteneciente en algún momento a la Fuerza Aérea Mexicana, asegura que le brindó servicios de seguridad a Vuelvas Arias, con personal que portaba armas cortas y largas, con los permisos correspondientes de Sedena. Habla de un socio que tiene, capitán Israel Martínez González, y que la razón social de su empresa es Iron Shield, con domicilio en Guadalajara.

El 17 de septiembre, Bettina Gómez Oliver, coordinadora general del proyecto Camena, encontró un automóvil obstruyendo la salida de su casa. El conductor vestía uniforme de una empresa de seguridad privada. Esa misma madrugada del 17 de septiembre, la oficina del sector de la UACM en el plantel Del Valle fue allanada. Dos computadoras personales fueron robadas.

Una semana después, 23 de septiembre, Bettina Gómez recibió una llamada amenazante a su teléfono celular, con la voz de un hombre recomendándole Cuida a tu cachorra; esto preocupó a la coordinadora, quien tiene una hija.

El 25 de septiembre, Llop volvió a llamar a la UACM insistiendo en buscar al presunto deudor, a quien, dice, no le voy a dar un balazo, aunque, agrega, eso es lo que sabe hacer.

En virtud de que con estos datos a la mano el abogado general consideró que las llamadas y mensajes de Llop a la UACM han generado alarma, escozor y zozobra, la universidad y el Camena presentaron quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero además, considerando que los requerimientos de información proceden al parecer de personas vinculadas a las fuerzas armadas, se decidió presentar el caso ante el secretario de la Defensa Nacional.

En la reunión que tuvieron con el secretario de la Sedena, Cienfuegos ordenó de inmediato rastrear el nombre de Armando Llop, quien resultó ser, según la información obtenida, un desertor prófugo, anteriormente contralor de vuelo de la Fuerza Aérea. Su supuesto socio Israel Martínez González es militar de baja. Por considerar que el asunto compete a la jurisdicción castrense, el secretario general turnó el caso a la Procuraduría de Justicia militar.

Entre otras consideraciones, el representante legal de la UACM destaca que Torres es refugiada chilena, fue perseguida durante la dictadura; en México, en 1982, también fue secuestrada por razones políticas.

Desde el encuentro con el secretario de la Defensa se han apersonado en la UACM, en las icinas del abogado general, el mayor Francisco Armenta y el capitán Felipe Ramírez García para revisar la información y analizar los hechos.

Entre tanto, la UACM emitió el 24 de septiembre un comunicado a la comunidad universitaria informando de manera general sobre lo sucedido y advirtiendo que no se puede descartar la hipótesis de que no se trata de una acción aislada, sino parte de una campaña persecutoria que no puede tolerarse.