El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) denunció que se reactivaron las órdenes de aprehensión contra Adela Ramos Villalba, Eusebio Torres Aguilar, Alejandro Torres Xocolatl y Juan Carlos Flores Solís, opositores a la instalación del gasoducto Morelos.

Expuso que mientras sigue el avance del Proyecto Integral Morelos con el uso de la fuerza pública y amenazas de represión en Morelos y Tlaxcala, en Puebla sigue el acoso judicial contra los opositores, a fin de presionar para que se concluya la instalación del gasoducto Morelos.

El 6 de mayo de 2014, en el expediente 19/2015, el juzgado quinto de distrito, con sede en Puebla, dictó orden de aprehensión contra cinco autoridades civiles y agrarias de San Lucas Tulcingo, y cinco miembros del FPDTA que se siguen oponiendo al proyecto: Torres Aguilar y Ramos Villalba, originarios de San Lucas Tulcingo, así como a Torres Xocolatl y Flores Solís, además de Avelino Velázquez Tapia, comisariado de bienes comunales de San Juan Amecac.

Los cinco fueron acusados por Carlos Aurelio Muñoz Zambrano y Héctor Alejandro Torres Santos, empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de privación ilegal de la libertad, con los agravantes de contra funcionario público y pandillerismo, que tienen pena máxima de 13.5 años de prisión.

Amparos del frente de pueblos

Por lo anterior, el FPDTA interpuso en mayo y junio de ese año amparos que les otorgaron la suspensión definitiva de las órdenes de arresto mientras se resolvía el amparo.

A raíz de esta orden de aprehensión, el 27 de noviembre de 2014 las autoridades civiles y agrarias de San Lucas Tulcingo acordaron con la CFE el paso del proyecto a cambio de que los trabajadores de la CFE otorgaran supuestamente el perdón a los perseguidos por la causa 19/2015.

En respuesta, las autoridades civiles y agrarias firmaron un acuerdo del paso del gasoducto con la CFE por obras de electrificación en la comunidad, ambos documentos con la misma fecha de firma.

El escrito de perdón firmado y entregado a la Procuraduría General de la República por la parte acusadora (Muñoz Zambrano y Torres Santos), lo solicitan por así convenir a nuestros intereses, por continuar realizando trabajos de gestión y construcción del gasoducto Morelos.

Es decir, que los acusadores declaran que su interés en la demanda de privación ilegal de la libertad depende o está vinculada con el paso del gasoducto Morelos.

Ambos documentos (escrito de perdón y aceptación de la obra con la misma fecha), que demuestran la presión de la CFE para la aceptación del gasoducto Morelos, fueron presentados por el FPDTA en los amparos 706/2014 y 837/ 2014 a cargo del juez primero de distrito con sede en Tlaxcala, para la defensa de Adela Ramos Villalba y Juan Carlos Flores Solís.

Sin embargo, en lugar de ser tomadas a su favor, el juez de distrito reactivó las órdenes de aprehensión de los compañeros y devuelve las atribuciones al Poder Judicial federal en Puebla para continuar con la persecución y aprehensión de los compañeros, señala el FPDTA.

Dos días después, el mismo juez de Tlaxcala ocupó un incidente de acumulación de expedientes para paralizar el juicio de amparo y retrasar la audiencia constitucional, por lo que actualmente han sido reactivadas las órdenes de aprehensión contra Ramos Villalba, Torres Aguilar, Torres Xocolatl y Flores Solís.

Estos actos han comenzado a ser documentados y enviados por el FPDTA a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para su estudio y aceptación del caso. Durante su reciente visita a México, enviados de este organismo internacional, informaron que se estudia la solicitud de medidas cautelares para los perseguidos y el derecho a la vida y seguridad del pueblo de San Lucas Tulcingo

En tanto, la comunidad de San Lucas Tulcingo solicitó su intervención al Congreso de la Unión para analizar la situación legal de los cinco perseguidos y demandar el derecho a consulta de este pueblo indígena náhuatl del volcán Popocatépetl.

Como resultado, el pleno del Congreso de la Unión aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Gobernación federal para establecer una mesa de diálogo con los afectados de la comunidad de San Lucas Tulcingo y perseguidos. El llamado tiene el respaldo de los coordinadores parlamentarios de los ocho partidos representados en el Congreso federal.

Fianza perversa a 7 estudiantes

En tanto, el Comité para la Libertad de Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla informó que el juzgado quinto de distrito en materia penal fijó una fianza perversa de 77 mil 500 a cada uno de los siete estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap), a quienes el gobierno del estado persigue e intenta culpar de los bombazos en junio pasado a las oficinas del Instituto Nacional Electoral y la delegación de Economía, así como al Metrobús en Puebla.

Los jóvenes son Juan Tepde, Axel Jiménez, Ana Zilli, Erick López, Shariff Guerrero, Carlos Rosas y Dulce Parra. Carolina González, al frente del comité, informó que todos son de escasos recursos y no tienen los 542 mil 500 pesos para que se les otorgue un amparo y accedan a la averiguación previa.