La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó ante senadores preocupación por las versiones sobre el nombramiento de las dos vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante cuotas políticas partidistas y se pronunció por el fortalecimiento de la autonomía e independencia del Poder Judicial mexicano, ya que es un requisito fundamental para que las víctimas tengan acceso a la justicia.

El tema fue puesto ayer en la mesa de discusión por la presidenta de la CIDH, Rose Marie Belle Antoine, y el vicepresidente del organismo, James Cavallaro, durante una reunión privada con senadores encabezada por el presidente de esa cámara, Roberto Gil Zuarth, lo que provocó que legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y del Trabajo (PT) confrontaran posturas.

Los petistas Manuel Bartlett y Layda Sansores resaltaron que esa preocupación la comparten jueces, magistrados y grupos de la sociedad civil, ya que el procedimiento para elegir a los ministros está en manos del Presidente de la República y además hay reparto de los nombramientos entre dos fuerzas políticas, lo cual fue luego refutado por senadores del PAN.

Cavallaro, que es además relator para México de la CIDH, dijo de entrada que durante los días que la delegación de ese organismo ha permanecido en el país ha escuchado quejas de diversos sectores sobre la pretensión de elegir a dos ministros de la SCJN mediante cuotas partidistas y aludió a la necesaria independencia del Poder Judicial para garantizar el respeto a los derechos humanos.

De inmediato, el panista Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia, aseveró que la elección de los dos ministros se llevará a cabo con total transparencia, mediante el análisis de los perfiles de los candidatos que Enrique Peña Nieto haga llegar al Senado.

La elección de los dos ministros se efectuará con total transparencia, sostuvo Fernando Yunes, presidente de la Comisión de JusticiaFoto Francisco Olvera

La Corte está controlada por el presidente Peña Nieto, aseveró el senador Manuel BartlettFoto Marco Peláez

La senadora Sansores respondió que no hay más perfiles que los partidistas y los nombramientos de los ministros de la Corte se reparten como parcelas políticas. Su correligionario Bartlett expuso que debido a ese esquema, la Corte está controlada por el presidente Peña Nieto, lo que rompe con la división de poderes.

Hay ahora un acuerdo entre el partido del gobierno y el PAN, para decidir el nombramiento de las dos vacantes en la Corte con la máxima de un ministro para ti y otro para mí.

Antoine resaltó la importancia de los tribunales internacionales para evitar las violaciones a derechos humanos y advirtió que la impunidad acaba cuando hay poderes judiciales fuertes, sin sesgos. Destacó que se requieren mejores condiciones de acceso a la justicia y señaló, entre otras fallas, que los tribunales cobran 30 mil pesos por emitir un edicto.

Gil Zuarth aseveró: Quiero decir enfáticamente que no hay un acuerdo prestablecido para nombrar a los ministros ni cuotas de partido. El presidente Peña Nieto cumple su función impecablemente y nosotros también.

Los comisionados Felipe Ortiz, Rosa María Ortiz, Tracy Robinson y el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza intervinieron también, y pidieron a los senadores asistentes –entre ellos el coordinador del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Barbosa; los presidentes de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, Enrique Burgos y Angélica de la Peña, respectivamente– analizar el informe que presentaron ayer, legislar sobre participación ciudadana en procesos legislativos, concluir las leyes pendientes sobre desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales y ratificar las convenciones pendientes contra el racismo y discriminación.