Las situaciones de exclusión, pobreza y desigualdad en México debilitan los mecanismos de protección familiares, comunitarios e institucionales, y facilitan que los adolescentes carezcan de oportunidades de desarrollo, abandonen la escuela a temprana edad, se involucren en conductas delictivas, caigan en el consumo de drogas y/o adquieran conductas violentas.

Y si a lo anterior se suma el hecho de que las instancias de procuración de justicia del país utilizan al derecho penal como medida de represión de las clases sociales más pobres, amén de que cada entidad federativa cuenta con una legislación propia para sancionar penalmente a los adolescentes, el resultado es un desastre en la implementación del sistema actual de justicia para menores infractores.

Las anteriores fueron algunas de las reflexiones expresadas por senadores, diputados y funcionarios públicos que participaron este martes en el primer día del Foro Nacional de Justicia para Adolescentes, que se realiza en el Senado.

Los participantes, entre ellos la senadora Martha Elena García Gómez; la diputada federal Mariana Benítez Tiburcio; el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República, José Alberto Rodríguez Calderón, y la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow, exhortaron al Poder Legislativo a aprobar la nueva Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, que unificará criterios sustantivos para la aplicación de penas, medidas de seguridad y procedimientos de juzgamiento para casos de delitos cometidos por menores de 18 años y mayores de 12.

Los ponentes coincidieron en señalar el hecho de que la mayoría de los adolescentes mexicanos que entran en conflicto con la ley son de sexo masculino, tienen de 15 a 17 años de edad, presentan un retraso escolar de más de cuatro años o han abandonado la escuela, residen en zonas urbanas marginales, trabajan en actividades informales que no exigen calificación laboral y con el producto de su actividad ayudan al sostenimiento de la familia. Además, suelen vivir en entornos violentos.

Se trata, en definitiva, de adolescentes que viven en ambientes de desprotección, en los que por lo general varios de sus derechos se encuentran amenazados o vulnerados, dijo Isabel Crowley, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México, quien participó en la mesa de inauguración del foro.