El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que la política educativa a nivel medio superior y la regulación de los alimentos que se venden en las escuelas públicas, así como la prohibición de la llamada comida chatarra, es de competencia federal exclusiva.

Al iniciar ayer la discusión de la controversia constitucional que promovió el Presidente de la República en contra del Ejecutivo y el Congreso del estado de Michoacán, el pleno determinó que las regulaciones para prohibir la comida chatarra o regular los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio o distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas son competencia de la Secretaría de Salud.

El pleno dejó sin efecto el artículo 67 fracción XXIV de la Ley de Educación de Michoacán, que regulaba la prohibición de alimentos en los planteles escolares que no favorezcan la salud de los educandos y para fomentar aquéllos de carácter nutrimental.

Asimismo, los ministros anularon el artículo 34, fracción séptima, que facultaba a las autoridades locales participar de la política educativa en bachillerato e instrumentar por conducto de la Comisión Estatal para la Planeación y programación de la Educación Media Superior y la Capacitación para el Trabajo, organismo que debería incluir a autoridades de los tres niveles.

El pleno consideró que el Congreso local actuó de forma ilegítima al permitir a las autoridades locales tomar parte en un órgano de coordinación, consulta, asesoría y análisis con la meta de planear, desarrollar y vincular la mejora de ese nivel educativo en Michoacán. La educación a ese nivel, sostuvo el pleno, es de competencia federal.

Previamente, el pleno resolvió la controversia constitucional que interpuso el presidente de la República en contra de la legislación educativa de Zacatecas en la que los togados fueron más allá de los artículos impugnados por el Ejecutivo federal para darle una lógica sistémica a la legislación.