Familiares de los funcionarios federales y policiacos que fueron detenidos por la fuga del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, acudieron ayer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para interponer una queja por presuntas violaciones a las garantías de los encarcelados.

Acusaron que hubo irregularidades en las detenciones, pues en algunos casos las pruebas presentadas por los abogados no fueron aceptadas por el juez de la causa.

El pasado 24 de septiembre el juzgado cuarto de distrito de procesos penales, con sede en Toluca, estado de México, dictó formal prisión contra 13 funcionarios presuntamente relacionados con la evasión de Guzmán Loera el 11 de julio, entre ellos Celina Oseguera Parra, ex coordinadora nacional de los centros federales de readaptación social, y cuatro monitoristas de la Policía Federal que estaban comisionados a la videovigilancia del Altiplano.

Los familiares de algunos de estos detenidos aseguraron tener pruebas que muestran la inocencia de sus parientes, pues debido a los protocolos que había dentro del penal de máxima seguridad los guardias no podían acceder al llamado código rojo.

Tres de las familias que ayer acudieron a la CNDH ya habían tramitado hace unos días quejas por la detención de sus familiares, en tanto que otras cuatro iniciaron el procedimiento de queja. Los primeros se entrevistaron con los funcionarios de la comisión que lleva los casos, en tanto que quienes acudieron por primera ocasión fueron recibidos por Miriam Alvarado, titular de la Dirección de Atención al Público del organismo presidido por el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez. Se trató de encuentros privados, por lo que no se dieron más detalles.

Para dictar el auto de formal prisión el juez de la causa determinó que dentro de sus respectivas funciones, cargos o comisiones, los servidores públicos incurrieron en omisión, lo que favoreció la fuga de El Chapo.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada mantiene abiertas tres líneas de pesquisas en torno a este caso, dos de las cuales están encaminadas a detener a los constructores del túnel mencionado que llegó hasta la celda del narcotraficante y reaprehenderlo.