l Congreso del estado se ha caracterizado por su falta de transparencia y sus gastos superfluos. En el primer semestre gastó 586 mil 721.31 pesos en telefonía celular para los 27 diputados, un promedio de 21 mil 730 pesos por cada uno en llamadas, mensajes y servicio de Internet móvil. En el mismo periodo se erogaron 109 mil 444 pesos en alimentos y 332 mil 855 en viajes para realizar trabajos inherentes a su cargo. La suma de estos tres conceptos es de un millón 29 mil 20.31 pesos, sin considerar otros gastos como cambios de automóviles, compra de muebles y estantería para el recinto.

El gasto no sería un problema si estos recursos rindieran frutos; sin embargo, no se traduce en trabajo: el rezago legislativo es una constante. Para ejemplo, dos botones: el estado no ha logrado la tipificación del feminicidio como delito ni ha acatado la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la aprobación del matrimonio igualitario, temas polémicos tanto en el Congreso como entre los ciudadanos, aunque también se debe mencionar que las comisiones sesionan poco y sus resultados son escasos o nulos, como cuando el presidente de la comisión de asuntos migratorios, relaciones internacionales e interinstitucionales aceptó que no se legislara en favor de los migrantes aguascalentenses o cuando la presidenta de la comisión de equidad y género aseguró que los feminicidios en el estado no eran tema de su competencia.

Al comparar los 70.10 pesos diarios de salario mínimo con los gastos del Congreso del estado, la diferencia, aparte de obvia, es abismal. Nada más lejos para los diputados que aquello de ganarse el pan con el sudor de la frente. La austeridad es una moneda que no conocen ni siquiera por las personas que votaron por ellos. Una vez dentro y con sueldo, ellos, como si de una casta privilegiada se tratara, no necesitan más que estirar la mano para alcanzar el celular y poner el mundo a sus pies.