Debido a un ajuste presupuestal, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila eliminará las subprocuradurías especializadas en feminicidios y trata, así como la fiscalía que atiende delitos contra periodistas. Además, la subprocuraduría para la investigación y búsqueda de desaparecidos se fusionará con otras áreas.

Con esta restructuración se busca disminuir la carga burocrática sin afectar áreas sensibles, como la investigación policiaca, informó el subprocurador ministerial, Norberto Ontiveros Lesa.

La subprocuraduría jurídica, de derechos humanos e investigaciones especiales ahora será subprocuraduría de investigación y búsqueda de personas no localizadas e investigaciones especiales, que incluyen feminicidios, trata de personas y delitos contra los periodistas y los migrantes, explicó.

Al frente de la nueva dependencia estará Liberto Hernández Ortiz, actual subprocurador de investigaciones especiales, atención de delitos contra mujeres por razón de género, trata de personas y libertad de expresión.

Mientras, el presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, Jorge Morales Barud, informó que la administración de su sucesor, Cuauhtémoc Blanco, recibirá el primero de enero próximo una deuda de alrededor de mil 207 millones de pesos.

En rueda de prensa en la capital del estado, el munícipe priísta aseguró que durante su gestión pagó unos 820 millones de pesos de un pasivo total de 2 mil 27 millones de pesos que le heredó su antecesor, Manuel Martínez Garrigós.

Consideró que la deuda que dejará aún es significativa, pero el ex futbolista podrá manejarla mejor.

En tanto, algunos funcionarios del ayuntamiento de Cadereyta de Montes, en el semidesierto queretano, ya firmaron con la actual administración convenios laborales para recibir hasta 800 mil pesos en diciembre, montos que la actual administración, que concluirá el 30 de septiembre, no podrá pagar por falta de recursos.

El alcalde electo, León Enrique Bolaño, advirtió que le dejarán un desastre financiero y que no podrá pagar los compromisos adquiridos por el actual gobierno.

Comentó que varios funcionarios del ayuntamiento no han renunciado, pero ya están firmando convenios para que la administración entrante los liquide. Mencionó que el secretario del ayuntamiento, Efraín Olvera Vega, firmó un convenio por 656 mil pesos.

En Veracruz, a un año de que Javier Duarte de Ochoa concluya su gubernatura, el secretario de Finanzas del estado, Antonio Gómez Pelegrín, anunció un nuevo plan de austeridad que prevé disminuir el gasto corriente, intensificar la captación de recursos fiscales y la restructuración de la deuda.

En conferencia de prensa en la sede de esa dependencia, Gómez Pelegrín, dijo que para evitar despidos masivos se aplicará un segundo programa de retiro voluntario y se mantendrá un estricto control presupuestal. Además, se congelarán las plazas vacantes y no se crearán más, y continuará la disminución de estructuras no estrictamente prioritarias.

Agregó que se contempla disminuir bonos y prestaciones económicas para mandos medios y superiores, entre otras acciones de contención del gasto.

El gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, llamó a los 39 alcaldes del estado a rendir cuentas claras si pretenden relegirse en 2019.

Villarreal, presidente de la Entidad de Auditoria Superior del Estado, reveló que en una primera revisión hubo observaciones para los 39 ayuntamientos en el ejercicio fiscal de 2014 por 240 millones de pesos.

(Leopoldo Ramos, Rubicela Morelos, Mariana Chávez, Eirinet Gómez y Saúl Maldonado)