En México, cada año ocurren alrededor de un millón de abortos y, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), 18 por ciento de las mujeres en edad fértil han interrumpido un embarazo alguna vez en su vida. Sin embargo, debido a que el acceso a atención médica profesional no está garantizado para las mujeres que no quieren ser madres o incluso cuando la ley permite detener la gestación, se dan los abortos clandestinos e insalubres que siguen cobrando vidas.

Según cifras oficiales, sólo en 2010 el aborto causó 11 por ciento de las muertes maternas. El dato, sin embargo, no da cuenta de la realidad, porque con frecuencia se reporta que esos decesos fueron provocados por otras circunstancias, como hemorragia u otra condición obstétrica, pero no por la interrupción de un embarazo.

Este lunes es el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto, por lo cual el Fondo de Aborto para la Justicia Social María inició la campaña Yo Aborto, Yo Acompaño, Yo Transformo, cuyo propósito es reducir el estigma en torno al tema y mejorar las condiciones para que las mujeres tengan acceso a procedimientos seguros, legales y dignos.

En México esto representa un reto formidable, pues a pesar de que existen varias causales legales que permiten la interrupción del embarazo, hacer efectivo el derecho es, generalmente, misión imposible, debido al cúmulo de requisitos y plazos que deben cumplirse antes de que en los hospitales las mujeres obtengan la atención que requieren.

La excepción es el Distrito Federal, donde existen las condiciones legales y sociales para detener un embarazo no deseado hasta las 12 de semanas de gestación, advirtió el Fondo María, que desde 2009 se ha encargado de acompañar a pacientes para que sean atendidas en la capital del país, cuando en sus lugares de origen les ponen trabas incomprensibles.

Activistas resaltaron que esos obstáculos no detienen los abortos, sino que ocasionan que se incrementen los procedimientos clandestinos e inseguros.

Este fenómeno fue documentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire). Sólo en el caso de aborto por violación, permitido por la ley en todos los estados de la República y que debería ser un proceso sencillo y accesible, resulta que 14 entidades requieren autorización, 14 fijan como plazo el primer trimestre de gestación para poder llevarlo a cabo y 17 señalan como requisito una denuncia previa.

Lo anterior, no obstante que con la Ley General de Víctimas se eliminó el requisito de la denuncia, pues se reconoce el acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación como un servicio de salud de emergencia, cuyo acceso no puede ser condicionado a la existencia de requisitos previos, subraya Gire en el informe Niñas y mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México.

También menciona lo que ocurre cuando la salud de las mujeres se pone en riesgo a causa de un embarazo. El Código Penal Federal no prevé esta condición, pero sí está considerada en 14 entidades. El problema es que para hacer efectivo ese derecho, la solicitante debe contar con el aval de un médico y, cuando no haya peligro grave para su salud, deberá obtener la opinión de otro especialista.

Gire consideró en su informe que la mujer es la única que puede decidir cuánta afectación o riesgo de daño a su salud está dispuesta a asumir, por lo que no debería ser obligada a aceptar cargas desproporcionadas que no desea.