La reforma político-electoral de 2014 abrió la puerta al perfeccionamiento de los ordenamientos jurídicos y legales, con el objetivo de fortalecer la democracia, manifestada en el voto ciudadano, afirmó el magistrado Pedro Esteban Penagos.

El marco jurídico, dijo, no se propone declarar la nulidad de las elecciones o aplicar sanciones, sino fomentar la cultura de la legalidad, mediante el estricto apego a los principios constitucionales y legales en los procesos electorales.

Para ello las autoridades deben hacer una investigación exhaustiva de las posibles violaciones a las normas, pues su dictamen constituye la base para determinar si se actualiza o no alguna de las causales de nulidad establecidas en la Carta Magna.

Su finalidad no debe entenderse como la búsqueda de la imposición de una sanción [...], sino descubrir el velo de un gasto realizado ilegalmente para efectos de las campañas electorales, expuso en el seminario internacional Evaluación de las elecciones 2015 y reforma electoral 2014: diagnóstico y propuestas.

Recalcó que las modificaciones constitucionales permitieron una distribución de competencias entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)y el Instituto Nacional Electoral.

También demostraron la capacidad de colaboración entre la autoridad administrativa y la jurisdiccional, añadió el magistrado de la sala superior del TEPJF al participar en la mesa Organización electoral y distribución de competencias.