Entre 2013 y 2015 los controles migratorios fueron reforzados en un nivel nunca visto, advirtió Rodolfo Córdova Alcaraz en su informe como presidente del consejo ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM). Propone a la Secretaría de Gobernación (SG) dar un giro a la política en esa materia, más allá de los acuerdos con Estados Unidos.

Al titular de la SG, Miguel Ángel Osorio Chong, le plantea elaborar una nueva política de asilo, sin ignorar los controles.

Hoy existe una desproporcionalidad (1 a 520) de personas reconocidas como refugiadas respecto de las deportadas, con lo cual –opina Córdova– México vulnera uno de los principios internacionales más preciados: el de no regresar a las personas adonde son perseguidas.

Sugiere la ampliación, hasta el fin de este sexenio, del programa de regulación para extranjeros, iniciado en enero de 2015 para quienes hayan ingresado a México antes del 9 de noviembre de 2012.

Propone elaborar un protocolo de uso de la fuerza con un enfoque de derechos humanos, pues hay un contexto muy delicado: quienes huyen de la violencia en sus países.

Señala que por cada deportado mexicano atendido por el INM se repatria a un extranjero. Hace 14 años, México recibió a 791 mil personas deportadas de Estados Unidos y aseguró o detuvo a 67 mil extranjeros. La proporción era 12 mexicanos atendidos por un asegurado. Hoy la proporción es uno a uno.

Las cifras oficiales muestran que de enero a junio de este año fueron llevados ante el INM 97 mil 513 extranjeros, la mayoría procedentes de Centoamérica y Cuba.

La devolución que aplica México se ha mantenido constante en el bienio citado. De los 97 mil 513 presentados en el primer semestre del año, fueron repatriados 82 mil 266, la gran mayoría (80 mil 804) procedentes de Centroamérica.

Pláticas en Washington

Hoy, subraya, muchas personas pagan 10 mil dólares para llegar de Centroamérica hacia Estados Unidos; hace no mucho la cuota era de 7 mil dólares; quienes no pueden pagar transitan por rutas peligrosas.

“Esto obliga a las autoridades mexicanas a ampliar la visión y dar un giro en términos de política migratoria. [...] Ésta no puede tener como pilar lo que se conversa en la capital estadunidense.

El Ejecutivo debe asumir las responsabilidades que el Estado mexicano tiene de velar por la seguridad de las personas que se encuentren en su territorio de acuerdo con los instrumentos internacionales y la legislación nacional en términos de derechos y bienestar de las personas, indicó.