l más reciente episodio del escándalo mundial desatado por la trampa tecnológica incorporada en millones de vehículos Volkswagen fue la dimisión del presidente de la gigantesca empresa automovilística alemana, Martin Winterkorn, y su remplazo por Matthias Müller, quien hasta ahora se desempeñaba como director de la marca Porsche, una subsidiaria, junto con Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Seat, Scania y Skoda, del consorcio con sede en Wolfsburgo.
La compañía automotriz se encuentra en medio de una profunda crisis por el escándalo del software trucado de sus motores diésel, el cual permitía a la computadora de los autos detectar cuando estaban siendo sometidos a una verificación estática de emisiones, a fin de reducir temporalmente los óxidos de nitrógeno producidos por el motor, los cuales, una vez pasadas las pruebas, arrojaban a la atmósfera una proporción de gases tóxicos 40 o 50 veces superior a la permitida por las normas ambientales.
Paradójicamente, esta anomalía fue descubierta en Estados Unidos por una organización que buscaba impulsar el uso de motores diésel e imitar las normas de verificación ambiental estadunidenses para aplicarlas en Europa.
Además de una grave pérdida de credibilidad, Volkswagen ha debido hacer frente a una devaluación cercana a 30 por ciento del valor accionario de la compañía, se verá obligada a llamar a revisión a millones de automóviles ya vendidos a fin de corregir la irregularidad y es previsible que deba, además, cubrir cuantiosas multas en ambos lados del Atlántico. Para colmo, se espera el enojo de los propietarios de los vehículos reparados, pues se da por sentado que una vez que se elimine el software tramposo los motores reducirán notablemente su potencia y su rendimiento.
El episodio es una muestra devastadora de lo que ocurre cuando los gobiernos reducen su presencia como reguladores y verificadores del desempeño empresarial, así como del comportamiento intrínsecamente inmoral de los capitales en un entorno de libertinaje económico: sin más normas que la competitividad y la rentabilidad, es inevitable que las grandes empresas sacrifiquen la calidad de sus productos, la salud y la seguridad de los clientes y el medio ambiente en aras de la maximización de las utilidades. Ni códigos de ética ni supuestas normas de calidad de excelencia –de las que se jactaba hasta hace unas semanas el emporio automotor fundado por Adolf Hitler, el cual había llegado a desplazar a Toyota como líder mundial de ventas y producción de unidades– pueden sustituir a la representación institucional de las sociedades en la verificación del cumplimiento de las leyes por parte de los grandes consorcios. Peor aún, por mucho que el gobierno alemán pretenda llamarse a sorpresa por el fraude referido, resulta inocultable que éste no habría podido ocurrir sin la complicidad de autoridades deliberadamente omisas, es decir, corruptas, que por años se hicieron de la vista gorda ante la fabricación y venta de automotores que contaminaban mucho más de lo que afirmaban y de lo que la ley les permitía.
Según la información disponible, Volkswagen puso a la venta en el mercado nacional unos 40 mil autos equipados con el tramposo motor diésel y resulta obligado que las autoridades ordenen a la compañía las correcciones inmediatas pertinentes en esas unidades, así como que procedan a las sanciones establecidas en la ley. Es previsible, además, que la crisis de la empresa afecte a las plantas que posee en Puebla y Silao, por cuanto en ellas se ensamblan vehículos destinados a la exportación, y se da por hecho que la demanda de unidades de la marca caerá de manera significativa a raíz del escándalo. En este contexto resulta sorprendente, por decir lo menos, la actitud del gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, quien ofreció comprar, con dinero público, un número no determinado de vehículos, a fin de apoyar a la atribulada empresa. En vez de apoyar directamente a los trabajadores de la Volkswagen ante posibles despidos por una caída de las ventas, el gobernante optó, pues, por beneficiar a una firma inescrupulosa que en su ambición desmedida no dudó en dañar el bien común y engañar a clientes y autoridades.
Por último, es necesario reflexionar que si malas prácticas como esa en la que se pilló a Volkswagen tienen lugar en uno de los países que más se jactan de la excelencia de su industria y de su apego a la legalidad, no sería remoto que en otros con una institucionalidad más débil, como es el caso del nuestro, anomalías de esa clase fueran mucho más extendidas. Es necesario, por ello, que se emprenda una verificación seria y a fondo de los motores que se instalan de fábrica a los vehículos de todas las marcas presentes en el mercado nacional.
