Al cumplirse un año de la tortura y asesinato del normalista Julio César Mondragón Fontes, familiares, amigos y compañeros reiteraron su exigencia de justicia y esclarecimiento de los hechos ocurridos hace un año en Iguala, Guerrero. Contra el olvido, afirmaron, mantendremos su memoria y la demanda de que no haya impunidad.

En la presentación del documental La omisión. Caso Julio César Mondragón, realizado por Andrés Landero Quiroz y los colectivos El Rostro de Julio y Brigada Informativa Altavoz, la abogada de la familia Mondragón, Sayuri Herrera, señaló que a un año del ataque a los estudiantes de Ayotzinapa, que dejaron un saldo de tres normalistas asesinados –uno de ellos Julio César–, dos integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo y una pasajera de un taxi, no hay un esclarecimiento de los hechos.

Agregó que fue gracias a las pesquisas realizadas por la familia y su asesoría jurídica que se logró localizar 13 fotografías forenses tomadas en el lugar donde fue hallado el cuerpo de Julio César, en las cuales, dijo, se pueden apreciar evidentes cortes producto de la tortura con la que fue desollado.

Herrera señaló que la familia Mondragón ha solicitado la exhumación de los restos del joven normalista para practicar nuevos estudios forenses que nos permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos, echar por tierra cualquier hipótesis que señale que el rostro desollado de Julio César fue producto de un ataque de la fauna nociva, como estableció el primer peritaje forense.

Narró, ante decenas de personas reunidas en el Centro de Cultura y Arte Circo Volador, que en el encuentro del pasado jueves con el presidente Enrique Peña Nieto la esposa de Julio César, Marissa Mendoza, entregó en propia mano al jefe del Ejecutivo federal un disco con las imágenes, “y exigió: ‘Quiero que las vea’”.

La abogada informó que el caso de Julio César fue clasificado como homicidio calificado, pese a que su muerte se dio en el contexto del ataque a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, adonde había ingresado un mes antes, por lo cual las investigaciones sobre estos hechos son responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, y no de la Procuraduría General de la República.

Tras señalar que los hechos en que perdió la vida el joven han quedado eclipsadas por la desaparición de los 43 normalistas, señaló que ante el Presidente insistieron en conocer cómo y cuándo se tomó la fotografía en la que aparece el cuerpo del normalista con el rostro desollado.

Ha pasado más de un año de su tortura y muerte, y hasta el momento ninguna autoridad ha dado una respuesta. Se trata de información relevante para identificar a los responsables, puntualizó.