Aquella noche del 26 de septiembre, 100 normalistas de Ayotzinapa –92 eran de primer año– tenían una misión: conseguir varios autobuses de pasajeros para viajar seis días después a la ciudad de México, donde participarían en la marcha conmemorativa por la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

Nunca planearon llegar a Iguala, Guerrero, pero el azar los llevó ahí. Llegaron en dos camiones hasta la caseta Iguala-Chilpancingo y decidieron no continuar porque había presencia de la Policía Federal. Diez pudieron tomar un autobús para sumarlo a la caravana que iría a la capital del país.

El chofer de la unidad los engañó, pidió que lo acompañaran a la terminal de Iguala para dejar el pasaje y prometió irse con ellos después. En la central los dejó encerrados en el camión. Cuando sus compañeros llegaron a auxiliarlos, aprovecharon para tomar tres autobuses más, que salieron en distintos momentos de la terminal. Minutos después vino la tragedia.

Se trató de un ataque desproporcionado –como lo acreditó el Grupo Interdisciplinaria de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa– en diversos puntos de la ciudad. El saldo: seis ejecutados extrajudicialmente, al menos una veintena de heridos y 43 normalistas desaparecidos; esto provocó gran indignación nacional e internacional.

Violencia sin sentido

En su informe sobre el caso, el GIEI reveló que los normalistas tomaron autobuses en otras ocasiones. Los jóvenes sabían que podían golpearlos o detenerlos.

Nunca nos habíamos enfrentado a ese tipo de agresividad, parecíamos los peores delincuentes, que merecen la muerte; creo que a un narcotraficante o un sicario los tratan mejor. Sólo íbamos por las unidades y nos regresábamos a la normal, declaró uno de los sobrevivientes a los ataques de policías municipales de Iguala y Cocula, así como de presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos.

 Los datos difundidos a un año muestran la gravedad en el nivel de la agresión. La violencia fue indiscriminada “disparos contra civiles, desarmados y en actitud de huida, así como el aumento progresivo del nivel de agresión desde el inicio de la toma de autobuses (persecución y disparos al aire) hasta el bloqueo, disparos a matar, golpizas, preparación de acciones de emboscada o persecución durante largo tiempo”.

El ataque y despliegue de agentes por la ciudad “aparece como absolutamente desproporcionado y sin sentido, frente al nivel de riesgo que supone una toma de autobuses o un eventual enfrentamiento con piedras en algún momento. Los normalistas no iban armados ni boicotearon ningún acto político ni atacaron a la población, como señalaron distintas versiones”, destacó el informe del GIEI.

 A un año de esos hechos, el reporte del grupo de la CIDH es considerado la versión más acabada de lo sucedido y contradice la principal teoría de la Procuraduría General de la República (PGR), en el sentido de que los normalistas fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula.

El ataque se perpetró durante casi tres horas (21:40 a 00:30) y varias corporaciones de seguridad (policías estatal, Federal y el Ejército) supieron de los movimientos de los normalistas en esa ocasión.

Aun cuando los autores ocultaron la agresión, al permitir que los autobuses salieran de la ciudad, el grupo de experto reportó que el operativo se hizo con un uso inadecuado y desproporcionado de fuerza ante la presencia de numerosos testigos, en el centro de la ciudad. Ello probablemente se debe a la impunidad que sentían los autores, pero también con un objetivo de alto nivel que justificaba cualquier violencia, aunque fuera indiscriminada, evidente y con urgencia de realizar las acciones.

Entre las líneas de investigación que integrantes del GIEI pidieron dar seguimiento como la posible causa de las agresiones, está la relacionada con el tráfico de cargamentos de heroína desde Iguala hasta Chicago, Estados Unidos, ocultos en camiones de pasajeros.

Detectaron una indagatoria de Nicol Kim, fiscal federal para el estado de Illinois, contra Pablo Vega, y otros, señalado como el jefe Guerreros unidos en Chicago. El funcionario estadunidense basa su acusación en una declaración jurada e intercepciones telefónicas, referentes al uso de autobuses para tal fin.

Varios aspectos sin indagar

La información reveló que los camiones tienen un compartimento especial para transportar mercancías legales, y de ello se encargan las compañías Monarca y Volcano, pero se sospecha que puede haber más.

Un año después, las autoridades mexicanas no han realizado “ninguna investigación para determinar quiénes son los dueños de esas empresas. Tampoco se ha indagado si existe vínculos comercial o de otro tipo, que las relacione con las líneas de las unidades que fueron tomadas por los estudiantes (Estrella de Oro, Estrella Roja y Costa Line)”.

De acuerdo con el informe del GIEI, “el negocio que se mueve en Iguala puede explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque, su duración e incluso la posterior agresión al equipo de futbol Los Avispones, al existir un autobús tomado por los estudiantes que no había sido detenido.

A pesar de esto, esta hipótesis (el quinto autobús) no ha sido explorado hasta ahora”.

En la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014, la procuraduría incluyó a un estudiante y un chofer de autobuses al programa de testigos protegidos; ambos han aportado detalles importantes en torno a lo sucedido en Iguala en esa ocasión y respecto a un hombre que oficialmente no ha sido identificado, al cual se le menciona como uno de los organizadores de los ataques contra normalistas.

 El testimonio del chofer asentó que los normalistas gritaron en repetidas ocasiones a los policías que no dispararan, que eran estudiantes; sin embargo, los uniformados abrieron fuego.

A quienes iban en el autobús Estrella de Oro 1568 se les obligó a descender. “Fueron bajados con las manos en alto, siendo reducidos por la policía y quedaron tumbados en el suelo en fila, uno al lado de otro y encañonados con las armas.

En esa unidad viajaba la mayoría de los desaparecidos, a quienes dijeron que se iban a arrepentir el resto de su vida por haber entrado a Iguala.