or cuarta ocasión se ha anunciado que la evaluación universal al desempeño docente se ha pospuesto de nuevo. La primera vez plantearon una posposición indefinida, fue una semana antes de las elecciones y se desató un vocerío de reclamos encabezado por Empresarios Primero, al que muy presto se sumó el INEE, planteando que los niños de México no podían tolerar esta posposición de carácter político. Casi nadie reparó en el argumento que la SEP balbuceó: la posposición se debe a que hay problemas técnicos y de logística. Dos semanas después anunciaron que se reponía sin ninguna demora la evaluación, y además con desparpajo amenazante dijo Chuayffet que despedirían a todo aquel maestro que no se presentara.

En ese momento yo formulé una serie de preguntas en mi artículo del 17 de junio. La primera fue: ¿han superado realmente los problemas de conectividad, infraestructura y personal evaluador? Es evidente que no los han superado, pues ya estamos en la cuarta posposición. El INEE ahora no dice nada.

La excusa en esta ocasión es que tienen problemas con la plataforma a la cual deben subir los maestros su expediente de evidencias. Cualquiera que acceda a las definiciones y requisitos que en la página correspondiente plantea el Servicio Profesional Docente (SPD), se llenará de preguntas preocupantes. En primer lugar, a los 100 mil maestros a quienes les llegó la invitación a ser evaluados, y cumplir con su obligación de ley, pues los maestros convocados pareciera que fueron seleccionados cuidadosamente, lo que permite individualizar el proceso, y los candidatos están dispersos por todo el país, aislados cada uno en su escuela. En segundo lugar, esta situación significa que no se evaluará a un conjunto más o menos homogéneo por región o estado, lo cual permitiría tomar en cuenta condiciones socioeconómicas y culturales similares.

Las primeras dos etapas de evaluación implican subir a la plataforma un número importante de textos analíticos y argumentativos. En la primera, los directores y/o supervisores deben emitir un informe que identifique el grado de cumplimiento de las responsabilidades del docente, que son inherentes a su profesión, su participación en el funcionamiento de la escuela, en órganos colegiados, y su vinculación con los padres de familia, es decir, una poderosísima arma de control para las autoridades.

En la segunda etapa los maestros deben subir el expediente de evidencias, que es diferente por nivel y materia. Los profes de básica deben subir cuatro trabajos (señalan unas 20 opciones diferentes) de sus estudiantes, dos de español y dos de matemáticas, para cada caso una del mejor alumno y otra del peor. Después tienen que redactar un texto abierto donde analicen y argumenten a partir de los siguientes determinantes: 1) contexto educativo (del subsistema, región, escuela, estudiantes, aula), 2) diseño de la estrategia didáctica (propósitos y contenido de los programas vigentes, justificación de la estrategia didáctica, actividades de enseñanza-aprendizaje, actividades de evaluación, descripción de competencias por lograr), y 3) argumentación de la práctica educativa (alcance de los logros de aprendizaje, términos y explicación de la evaluación, autoevaluación de la práctica docente). Después seguirán otras dos etapas, una sobre planeación en el aula y otra es la llamada evaluación objetiva.

Lo primero que tienen que transparentar el INEE y/o el SPD es ¿quién y cómo va a evaluar todo esto? No me refiero a una serie de aspectos a evaluar, que señalan en el mismo documento, sino a las personas que analizarán todos estos textos, y bajo qué criterios. Es decir, un cálculo mínimo nos arroja que los directores seguramente subirán a la plataforma unas cuatro a seis cuartillas, luego los maestros subirán cuatro evidencias y por lo menos unas seis a diez cuartillas argumentativas si quieren cubrir todos los puntos. Tenemos como mínimo unas 14 páginas, que multiplicadas por los 100 mil maestros arrojan un millón 400 mil hojas, que bien podrían llegar hasta 2 millones (¡con razón tienen problemas en la plataforma!). Pero este sería el menor de los problemas. Nos preguntamos, ¿quién va a leer todo este material y analizarlo con neutralidad y competencia? ¿A quiénes y cuántos han contratado para este trabajo? ¿Cómo han formado a estos evaluadores? ¿Están seguros de que todos comparten los mismos criterios y visión? ¿Pueden hablar de una evaluación responsable, pues de ello depende el futuro de los maestros?

Por lo pronto sabemos, el propio Nuño lo confirmó, que el flamante plan de los tutores no ha funcionado. Entonces, ¿cuál es la garantía de que esta evaluación funcionará correctamente? Algunos maestros creen que meterán todo en las supercomputadoras, y si aparecen ciertos conceptos que han programado previamente, serán aprobados. Todo es posible ahora, aun la vieja tesis de que se arrojan los trabajos al aire y los que caigan sobre el escritorio son los ganadores.

Hoy, 26 de septiembre, se cumple un año del crimen de Estado contra los normalistas de Ayotzinapa y el gobierno sigue insistiendo en sostener las cínicas respuestas y el desprecio a todo un pueblo. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

* Profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, autora de El INEE