El partido Nueva Alianza en la Cámara de Diputados revivió ayer la propuesta de ley de aguas que fue desechada en la legislatura pasada, conocida como Ley Korenfeld, y en la que redita la intervención de la iniciativa privada en la distribución y cobro del líquido, así como el trasvase y la fractura hidráulica o fracking, para la extracción de hidrocarburos.

El proyecto, que ayer presentó el secretario general del partido y coordinador de la bancada, Luis Alfredo Valles, también retoma la propuesta de que el derecho al agua se garantice con sólo 100 litros diarios.

A lo largo del documento, consideró que la administración de todo el proceso del agua esté a cargo de la federación, los estados y municipios, con la colaboración de la sociedad, pero también de empresas privadas.

Asimismo, propuso que las tarifas por el consumo se determinen a partir del costo verdadero del uso del agua y que los subsidios sólo se consideren dentro de los programas de carácter social, como ya había sugerido la Comisión Nacional del Agua en su iniciativa negociada con PRI y PAN.

Si bien el proyecto del Panal prevé que la ciudadanía, indígenas y académicos participen en las políticas de agua en el país, también incluye la intervención del capital privado en un consejo consultivo.

En el caso del fracking, la intención de Nueva Alianza es permitir que la Conagua entregue concesiones o asignaciones.

Para que las empresas puedan utilizar agua y extraer hidrocarburos, Nueva Alianza consideró que se requiera a las compañías la identificación química e información sobre las sustancias mezcladas con el agua, entre otros elementos, para ser inyectadas en los yacimientos de hidrocarburos con el fin de fracturar los sedimentos y extraer el gas que en ellos se encuentra.

Sin embargo, planteó que en estos procesos no aplicará el secreto comercial, industrial, ni la propiedad sobre las sustancias inyectadas durante el proceso de fractura hidráulica.

La propuesta también plantea que las empresas se obliguen al tratamiento de las aguas residuales y a obtener un permiso para las obras de explotación, uso o aprovechamiento de aguas y el tratamiento y descarga de las aguas residuales respectivas.