l país de los derechos se enfrenta al país de los privilegios en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación presentado por la SHCP a la Cámara de Diputados. El secretario Luis Videgaray lo llama presupuesto base cero porque con él se pretende cortar de tajo la inercia de algunos rubros del gasto y la inversión, para no seguirlos aumentando año con año, menos ahora que la economía nacional no crece como el gobierno de Peña Nieto ofreció que crecería con –y aun sin– reformas estructurales.

Pero esta manera de programar las finanzas del Estado no es pareja. Afecta de manera muy diferente al país de los privilegios y al país de los derechos. Para el primero no hay ceros ni en la base y ni siquiera en el tope. El segundo, sin embargo, es el país con el que se ceban los recortes presupuestales.

El proyecto de presupuesto, a reserva de que la Cámara de Diputados le enmiende la plana, incluye severos recortes al gasto en rubros muy importantes:

A la Sagarpa se le recortan 15 mil millones de pesos de su presupuesto anual, que equivalen a 16.74 por ciento de lo autorizado para 2015. Para apoyar los precios de los cultivos básicos como el maíz, el frijol y el trigo, le quitan mil 500 millones de pesos.

Al programa de Prevención Social de la Violencia, de la Secretaría de Gobernación, destinado a las mil colonias más violentas del país, se le reduce 20 por ciento de los recursos aprobados para 2015.

En la Secretaría de Desarrollo Social el recorte es de 7 por ciento y desaparecen los programas Desarrollo de Zonas Prioritarias y de Apoyo a la Alimentación. Hay una fuerte reducción al rubro de comedores comunitarios. En educación, el recorte es de 2 por ciento; en salud, de 3.84 por ciento, y la cultura, que ahora estará a cargo de una nueva secretaría, recibirá mil 949 millones de pesos menos.

En medio ambiente y agua la situación es grave, pues la reducción de 10 mil 500 millones de pesos a la Semarnat provoca la desaparición de planes vitales como el exitoso Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales. También desaparecen los programas de Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales. Los de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado, y de Unidades de Riego. La misma suerte corren los programas Cultura del Agua, Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas, Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia, Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas e Infraestructura Hídrica. En una palabra, desaparecen o se debilitan todas las acciones destinadas a un mejor uso del agua, a la educación en el buen empleo de este recurso, a mejorar las prácticas de sustentabilidad del medio ambiente.

Este presupuesto base cero afecta gravemente varios derechos sociales: el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación y a la cultura; el derecho al agua potable y saneamiento suficiente y de buena calidad; el derecho a un medio ambiente sano; el derecho a vivir en paz en su lugar de residencia.

Por el contrario, donde la base cero no existe, donde los gastos inerciales siguen imperando, es en ese país que sólo conocen y disfrutan unos cuantos: el país de los privilegios.

Basta darle una revisada a las percepciones de quienes encabezan los tres poderes: los ministros de la Suprema Corte perciben 6 millones 766 mil pesos anuales. Magistrados y consejeros de la Judicatura Federal: 4 millones 303 mil 897 pesos, más camionetas blindadas, choferes, gastos de representación, bibliografía. Por ese mismo rango andan los magistrados del Poder Judicial Federal. Aunque no es quien mayores ingresos (oficiales) tiene, el Presidente de la República casi llega a los 3 millones de pesos anuales. Si se trata del Poder Legislativo, los senadores ganan un millón 925 mil pesos al año; diputados federales, un millón 432 mil pesos. Esto más los gastos de oficina, transportes, comidas, etcétera.

También los organismos autónomos, aquellos que fueron arrancados por las luchas de las y los ciudadanos para la transición a la democracia, se sirven con la cuchara grande; consejeros del INE, 2 millones 987 mil anuales; 2 millones 907 mil, el presidente de la CNDH; entre 2 millones 200 mil y 2 millones 900 mil, los titulares de CFE, INEE, IFT, Ifai ( La Jornada, 9/9/15, nota de Enrique Méndez, Roberto González y Roberto Garduño).

Terrible paradoja: el país de los derechos genera a estos organismos para hacer más efectivos precisamente los derechos, pero quienes los encabezan pasan a ser de inmediato integrantes conspicuos del país de los privilegios.

Las cosas no terminan ahí, porque hay todo un proceso de reproducción de los privilegios políticos. Quien se instala en uno de los millonarios puestos arriba señalados tiene todo el apoyo del sistema para continuar ahí por los siglos de los siglos. Por ejemplo, los legisladores cuentan con amplios recursos para promover su imagen, para poder apuntalar su campaña al próximo puesto; ahora está de moda que anuncien con profusión de espectaculares y espots su informe anual, que la mayor parte de las veces es autocelebratorio, sin ninguna instancia ciudadana que los evalúe, como se evalúa a los maestros, universitarios e investigadores.

Hasta ahora la Cámara de Diputados no da trazas de terminar con el país de los privilegios. Aunque Morena ha hecho anuncios importantes en el tema, aún es demasiado poco. No basta quitar los seguros de gastos médicos mayores o los viajes, ni siquiera destinar una parte importante de las dietas a becas. Si de tajo no se termina con este rango de percepciones para unos cuantos, el país de los privilegios seguirá aplastando al país de los derechos. Seguiremos siendo una democracia base cero.