Tixtla, Gro.

Padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, maestros e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y de la Policía Comunitaria tomaron la mañana de este miércoles la alcaldía de Tixtla, así como las oficinas de la Secretaría de Finanzas y un juzgado, en demanda de la presentación con vida de los ausentes.

Minutos después, los alrededor de 800 manifestantes marcharon desde la instalaciones de la Normal de Ayotzinapa rumbo al zócalo de la ciudad, donde acusaron al gobernador Rogelio Ortega Martínez de haberlos reprimido el martes en la carretera Chilpancingo-Tixtla y de impedir el paso a los padres de familia y a los estudiantes que se trasladarían a la ciudad de México.

La secretaría de organización del Comité Directivo de la Normal de Ayotzinapa anunció que este jueves, a partir de las 8 de la mañana, marcharán los 14 kilómetros que separan las instalaciones del plantel, ubicadas en Tixtla, hasta Chilpancingo, ‘‘con la finalidad de romper el cerco’’ orquestado por el gobernador, quien pretende impedirles el paso para trasladarse a la ciudad de México, dijeron.

El colectivo responsabilizó a Ortega y al gobierno federal ‘‘de cualquier represión contra los contingentes que participarán en la marcha-caminata’’.

En relación con el anuncio del gobernador de que ya existen órdenes de aprehensión contra los dirigentes estudiantiles y algunos padres de familia, el grupo manifestó ‘‘que la consigna del gobierno es impedir las movilizaciones para demandar la presentación de los 43 estudiantes desparecidos’’.

Por la tarde, familiares de los jugadores del equipo de futbol Avispones denunciaron que el gobierno no les ha hecho justicia a un año de que el joven David Josué García Evangelista y el chofer del autobús, Víctor Manuel Lugo, fueron asesinados en el crucero de Santa Teresa, municipio de Iguala, por policías locales, quienes en ese momento reprimían a los normalistas de Ayotzinapa.

En conferencia de prensa dijeron que ‘‘el gobierno debe atender la salud y la integridad física y asegurar un mejor futuro para los jugadores de futbol que vivieron esa pesadilla’’. Dijeron que solicitarán sendas audiencias con el presidente Enrique Peña Nieto y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que les informen del avance de las investigaciones a un año de los acontecimientos.

Gustavo Castrejón Ramírez, padre de uno de los jugadores, recordó que en noviembre pasado el gobernador Ortega entregó uniformes y un autobús para los Avispones y prometió que se constituiría un fideicomiso. El autobús está descompuesto, ‘‘es muy lento. Si vamos a Morelos a jugar, que es un trayecto de tres horas, hacemos cinco. Tampoco cumplió su promesa de crear el fideicomiso’’.

Ayer hubo otras manifestaciones en la capital guerrerense, entre ellas un bloqueo a la carretera Chilpancingo-Chilapa, donde decenas de habitantes del poblado de Atliaca, encabezados por Austreberto Basilio Goytia, demandaron la matrícula de creación de la Universidad Intercultural Latinoamericana, Caribeña de Ciencias y Artes, además de la convocatoria oficial.

Asimismo, integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del estado tomaron dos radiodifusoras en el centro de la ciudad capital en apoyo a la exigencia de presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y por el otorgamiento de plazas de maestro.

Finalmente, personas con capacidades diferentes afiliadas a las organizaciones Benito Juárez y Digna Ochoa y Plácido también bloquearon calles del centro de Chilpancingo en demanda de una audiencia con el gobernador Ortega Martínez.