A seis años un mes del asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera, en Chilpancingo, Guerrero, su esposa, Martha Idalia Obeso Cázares, sostuvo que ante la falta de avances en la investigación, la cual fue ‘‘deliberadamente frenada’’ para impedir que los autores del crimen sean juzgados, resolvió iniciar un litigio internacional.

El caso de Chavarría Barrera, ex presidente del Congreso de Guerrero, ‘‘es un claro ejemplo de denegación de justicia’’, dijo Obeso en conferencia de prensa en la que integrantes de la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad informaron que el obispo de Saltillo, Raúl Vera, se reunirá con el equipo de Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza.

El día 28 del mes en curso, abundaron, el obispo, acompañado por el abogado Ernesto Rodríguez Cabrera y por Efrén Cortés Chávez, sobreviviente de la matanza de El Charco, entregará al citado equipo de la ONU información sobre los casos de Chavarría Barrera, El Charco y de Arturo Hernández Cardona, dirigente de Unidad Popular de Iguala, asesinado el 31 de mayo de 2013, dos días después de que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, lo amenazara ante el cabildo.

‘‘Indolencia y desaseo oficiales’’

‘‘Son incontables los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas en contra de varios luchadores sociales, dirigentes, periodistas y defensores del medio ambiente, así como el encarcelamiento injusto de líderes comunitarios’’, abundó Obeso Cázares.

Expuso que, en el caso de su esposo, fueron evidentes ‘‘la indolencia y desaseo’’ del entonces fiscal para delitos graves, Jesús Miranda Rodríguez, al ‘‘permitir el libre tránsito a personas que alteraron la escena del crimen’’. Agregó que el reclamo de justicia de la familia tuvo como respuesta el desprestigio post mórtem de Chavarría Barrera, la persecución en contra de sus hijos y de ella misma. ‘‘Han sido seis años de enfrentar la indiferencia institucional, pero ello no minará la lucha por la verdad y la justicia’’.

Refirió que en Guerrero, de 1960 a la fecha han ocurrido ‘‘al menos un millar de asesinatos políticos. En los pasados 20 años, al menos dos matanzas: Aguas Blancas y El Charco, y este fin de semana se cumplirá un año de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa’’.