Normalistas y maestros
en las invasiones de tierra

Manifestaciones por tenencia de la tierra. Campesinos del distrito 05. FOTO: Comité Primeros Vientos

Aleida García Aguirre

A principios de 1964, los primeros normalistas involucrados en el movimiento campesino, como Arturo Gámiz García, Hildebrando Gaytán, Saúl Chacón López y Guillermo y Eduardo Rodríguez Ford, habían egresado de la Normal y se dedicaban al magisterio. Aunque dejaron de ser estudiantes, los sujetos que vinculaban la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) con las normales mantuvieron relaciones de diferente cuño con los todavía alumnos y alumnas, incluidas la Escuela de Artes y Oficios y la Industrial para Señoritas, incidiendo sobre su decisión de solidarizarse con el movimiento campesino.

En una carta de mayo de 1964, Arturo Gámiz le escribió lo siguiente a Clara Elena Gutiérrez Miramón, entonces normalista:

“No es posible describirte la satisfacción y el estímulo que hemos sentido al conocer los hechos tan brillantes que ustedes están llevando a cabo […] Este ejemplo que están dando ha renovado nuestra decisión y ha reafirmado nuestra certeza de que el camino escogido es el que conduce a la meta”.

Gámiz hacía referencia a las acciones estudiantiles que durante el primer tercio de 1964 se realizaron, entrelazándose con las invasiones de tierras y las primeras operaciones de la guerrilla. A continuación reseñaré la avalancha de enero-marzo de 1964.

El 31 de diciembre de 1963, 110 solicitantes de tierras del Nuevo Centro de Población (NCP) Pancho Villa iniciaron la invasión al predio Santa Anita, municipio de Janos, la cual concluyó el 20 de enero de 1964, cuando el ejército aprehendió a un grupo de los “paracaidistas”, entre ellos a Rosario Prieto Chavira, reconocido dirigente del NCP. Por su parte, el 15 de enero, 90 integrantes del NCP Guadalupe Victoria invadieron el Lote número 9 de la ex hacienda de Babícora, propiedad del español Amador Picazarri. A mediados de febrero, varios solicitantes de tierras afiliados a la UGOCM y siete estudiantes normalistas fueron aprehendidos en el desalojo de dos invasiones en Delicias y Saucillo. Tres días después, el 21 de febrero, hubo una manifestación en Delicias para exigir la libertad de los presos. Al día siguiente, Arturo Gámiz, y otros campesinos fueron trasladados a la penitenciaría del estado por invadir un predio en el municipio de Madera; Gámiz permaneció preso hasta el mes siguiente, siendo interrogado en múltiples ocasiones respecto a la organización de las invasiones de tierras. Entre el 20 y el 24 de febrero hubo nuevas invasiones al Lote número 9 de la ex hacienda de Babícora y el predio Las Playas, ambas por el NCP Guadalupe Victoria, resultando detenidos tres de sus integrantes.

Más adelante, el día 27, fueron desalojados los 17 campesinos miembros del núcleo El Triunfo por invadir el solar El Poleo, y resultaron detenidos los hermanos Portillo Murrieta, solicitantes de tierras y las normalistas rurales Luz Eréndira Robles Castillos y Clara Elena Gutiérrez Miramón. El mismo día fueron aprehendidos los 36 “paracaidistas” de la Hacienda de San Ambrosio, municipio de Camargo, debido a que no se localizó a ningún “cabecilla”. A principios de marzo, por segunda vez en el año, el predio Las Playas fue invadido simbólicamente y desalojado por el ejército. En el mismo mes las normalistas Luisina Alvarado y Ruth Meléndez participaron en la invasión de Casa Colorada en el municipio de Madera.

Como parte de la estrategia del movimiento campesino, algunos estudiantes que no invadieron, llevaron a cabo el “asalto al Agrario” el 22 de febrero. Esta acción consistió en la toma de la Delegación del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) en la capital de Chihuahua por hombres normalistas de la Escuela Normal del Estado (ENE) y de la Secundaria Estatal número Uno, mientras otro contingente que incluía mujeres de las mismas escuelas bloqueó las calles Séptima y Ojinaga para impedir el paso al edificio. El cuerpo de granaderos repelió a los estudiantes con gases lacrimógenos, los desalojó y los detuvo. Finalmente, sólo cuatro personas fueron procesadas: los estudiantes de la Normal Jesús Hilario Cardona Rodríguez, Guillermo Ramírez Guerrero y Jorge Rodas Rivera, y el maestro Guillermo Rodríguez Ford. Cuatro días después, el juez primero de distrito impuso a cada uno una fianza de diez mil pesos por los delitos de asonada y privación ilegal de la libertad; la fianza de Rodríguez Ford fue pagada por la Sección XL del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Los presos que resultaron de las invasiones de tierras y el “asalto al Agrario” condujeron a la realización de mítines y marchas para exigir su inmediata liberación y el reparto agrario; la primera manifestación sucedió en Delicias el 21 de febrero. Tres días después hubo tres manifestaciones: las normalistas de Saucillo celebraron un mitin en el pueblo, desafiando el llamado del subdirector de Normales quien, en esa misma fecha, las convocó a que dejaran de intervenir en el problema agrario; mientras, en la capital la Federación de Estudiantes de Chihuahua (FECH) concentró a centenares de estudiantes en la Plaza de Armas donde dieron discursos de protesta normalistas y solicitantes de tierras; por la noche hubo una “quema simbólica de las autoridades, encabezadas por el gobernador”. El 28 de febrero arribó a Chihuahua una “marcha de protesta”, iniciada en Saucillo, que se estableció en “parada permanente” frente al Palacio de Gobierno y a donde acudieron estudiantes a solidarizarse. Guadalupe Jacott recuerda que durante la caravana, las alumnas de Saucillo

“Acordamos que no se nos diera pan de dulce ni postre, y ésa es la propuesta de que no se nos diera […] y ese dinero nos lo dieran para dárselo a los campesinos que venían en la caminata, entonces nos lo negaron y fuimos y abrimos la bodega y sacamos la comida [huevos, pan, panqué] y se las llevamos”.

En la tarde del mismo día, la Normal del Estado realizó un “acto fúnebre” que fue recordado por Saúl Chacón como una acción muy “ingeniosa” de los estudiantes, porque hicieron ataúdes, se vistieron de luto y usaron capa y sombrero de copa mientras la banda de guerra de la Normal del Estado marcaba toque marcial, simbolizando la muerte de la justicia y la libertad.

Las ocupaciones provisionales de tierras no impidieron que, en paralelo, los campesinos se reunieran con las autoridades agrarias. Por el contrario, la línea de la ilegalidad no se emprendió para cancelar la legalidad sino para agilizarla y hacer pública su inconformidad con las autoridades agrarias. Las invasiones pudieron ser un factor de presión que incentivara al presidente Adolfo López Mateos para derogar los certificados de inafectabilidad ganadera de cuatro predios con más de 31 mil hectáreas en los municipios de Aldama y Janos. Sin embargo, las derogaciones no significaban su entrega a los grupos solicitantes de la UGOCM, la posibilidad de entregar tierras otorgaba al gobierno federal la ocasión para transformar la presión de la invasión en una coacción contra los individuos capacitados para que se alinearan a la organización agraria oficial. Teniendo en sus manos el poder para decidir quiénes eran verdaderos campesinos y quiénes –a pesar de serlo- eran manipulados por “agitadores profesionales” o agentes “comunistoides”, las autoridades agrarias obligaban a los NCP ugocemistas a abandonar la afiliación disidente en aras de conseguir tierras. En febrero 24, después de los desalojos y el “asalto al Agrario”, varios campesinos de Madera se reunieron con el delegado estatal del DAAC, Eduardo Juárez Santos Coy, para solicitarle que se llevaran a cabo los trabajos técnicos informativos de los afiliados a la UGOCM. A principios de marzo hubo nuevas reuniones en las oficinas del DAAC, en estas ocasiones el ex normalista Saúl Chacón López fue el representante de los peticionarios que estaban apostados en parada permanente. Paradójicamente, las invasiones (ilegales) se realizaban para acelerar el curso del procedimiento agrario determinado por la ley.

En resumen, durante enero-febrero de 1964, las estrategias del movimiento campesino fueron las invasiones de tierras, la toma del edificio del DAAC en el estado, los mítines, las marchas y las reuniones con las autoridades agrarias. En estas estrategias participaron los normalistas: hombres y mujeres de la Normal del Estado, la Normal Nocturna y las normales rurales de Salaices y Saucillo, así como estudiantes de la Industrial para Señoritas y de la Secundaria Estatal número Uno. En estas acciones se introdujeron variaciones a las formas de protesta tradicionales: la quema simbólica de las autoridades y el acto fúnebre convocados por los estudiantes fueron eventos que renovaron el esquema tradicional de marcha-mitin-oradores.

Las negociaciones entre las delegaciones estatales de la UGOCM y el DAAC, y la paulatina liberación de los estudiantes e invasores, consiguieron silenciar momentáneamente al movimiento campesino, o al menos desaparecerlo de los encabezados de periódicos locales durante las tres semanas restantes de marzo. El silencio, que se antoja sinónimo de tranquilidad en la historia, tenía impresos varios sellos.

En primer lugar, el de la gestación de una guerrilla rural en el norte de la Sierra Tarahumara, basada en la teoría del foco revolucionario, dirigida por Arturo Gámiz García. En segundo lugar, el de la represión de las autoridades: los presos liberados bajo fianza permanecieron dentro de la mirada penal; las normalistas de Saucillo fueron rodeadas por un destacamento militar permanente para impedir su asistencia a más invasiones y mítines, y fueron inspeccionadas por las autoridades educativas. Asimismo, el gobernador, general de división Práxedes Giner Durán, advirtió en un desplegado que el deber del gobierno era mantener la paz y seguridad pública y por esta razón “no [toleraría] y [reprimiría] con energía todo acto que propicie la comisión de hechos violatorios de nuestras leyes” e hizo un llamado a los maestros para que se dediquen exclusivamente a la docencia, a los estudiantes para que “acentúe[n] su amor por la Patria”, y a los padres de familia para que vigilaran que sus hijos mantengan la obligación “del estudio y el cumplimiento de las leyes”.

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