ferrado a la tesis de que hacer cada día más laxas las condiciones para acceder al crudo nacional es la vía idónea para demostrar la viabilidad de la reforma energética, el gobierno peñanietista ha decidido recortar aún más el nivel de beneficio para el erario y maximizar la utilidad para el capital privado.

La historia se repite (banca, minas, ferrocarriles, ingenios azucareros, satélites, acereras, carreteras, líneas aéreas, etcétera, etcétera): condiciones de ensueño y renta ultra elevada para los inversionistas que vienen a salvar a México, y migajas para el erario y los mexicanos, quienes alguna vez fueron los dueños de todo lo que hoy pertenece al capital privado.

Sólo como ejemplo, tras el crack bancario de 1994-1995 el gobierno de entonces, el de Ernesto Zedillo, aseguraba que al abrir las puertas al capital financiero trasnacional la banca mexicana (por aquellos tiempos) se capitalizaría exitosamente, mientras la presencia de inversionistas foráneos sólo será temporal.

Pues bien, pasaron los años –no muchos– y la temporalidad se convirtió en perpetuación, pues ahora 85 por ciento del sistema financiero que opera en el país es de propiedad foránea, mientras a los mexicanos les endilgaron el rescate, el Fobaproa, el IPAB y todo el mugrerío, y tras dos décadas no han dejado de pagar por unos platos en los que nunca comieron y mucho menos rompieron.

Y a cambio de todo lo que el gobierno vendió (hasta el último tornillo de la infraestructura productiva del Estado mexicano), el país acumula tres décadas con un crecimiento económico raquítico y cada día menores niveles de bienestar para la población, es decir, tajantemente lo contrario a lo que se prometió a la hora de entregar los bienes nacionales al capital privado. Nacional y foráneo.

Sirva lo anterior para entender cabalmente de qué se trata la más reciente decisión de la Secretaría de Hacienda: anticipar las condiciones económicas que exigirá el gobierno a los interesados en participar en la segunda convocatoria de la ronda uno para la exploración y explotación compartida de cinco bloques petroleros en aguas someras del Golfo de México.

Lo anterior, para que las compañías tengan una mejor planeación en sus planes de negocio en caso de resultar ganadores en la convocatoria; el erario les exigiría una participación en la utilidad operativa que va de 30.2 a 35.9 por ciento. Estos porcentajes representan una flexibilización del gobierno en las condiciones económicas para las licitaciones petroleras, puesto que en la anterior subasta de 14 bloques la exigencia era de un promedio de 40 por ciento de las utilidades operativas (La Jornada, Israel Rodríguez y Víctor Cardoso).

Todo en aras de demostrar que la reforma energética no sólo fue algo que los mexicanos quieren (EPN dixit), sino que resultó totalmente exitosa a la hora de entregar la riqueza que hasta hace poco pertenecía a la nación. Así, cada día que pase el petróleo mexicano (bara, bara; pásele, pásele) se otorgará con menores condiciones, pero eso sí con crecientes márgenes de ganancia para los inversionistas que llegaron a salvar a la patria (versión oficial).

La primera tanda de la ronda uno (julio pasado) fue un sonado fracaso, pues de 14 bloques ofertados el gobierno federal sólo logró colocar dos (86 por ciento del total quedó en el aire) y ambos fueron asignados al mismo consorcio, integrado por Sierra Oil & Gas, Talos Energy LLC y Premier Oil PLC. Como se recordará, ese fue el banderazo formal de salida a la privatización del petróleo otrora nacional.

Llega la segunda tanda y el número de bloques a licitar se redujo a cinco (tres en Tabasco y dos en Campeche, todos de producción compartida). En esta ocasión el territorio involucrado se aproxima a 281 kilómetros cuadrados, y el potencial en ellos –según la evaluación oficial– sería superior a 671 mil barriles (reservas probadas, probables y posibles).

Los bloques son Amoca (más Mizton y Tecoalli), Hokchi y Xulum, todos ellos en Tabasco, y Ichalkil-Pokoch y Mison-Nak, en Campeche. Todos en aguas someras, de tal suerte que el tesorito enterrado así se mantendrá, por mucho que entre los pretextos privatizadores destacaba el de la necesidad de permitir la participación del capital privado para que fuera éste el que metiera el popote en aguas profundas, porque Pemex carecía de esa tecnología y sólo dominaba la de aguas someras.

Catorce consorcios privados afilan los dientes para compartir lo menos con el gobierno peñanietista y quedarse con la mayor rebanada de ganancias. Han sido precalificadas por las instancias mexicanas puras damas de la caridad históricamente reconocidas por sus servicios a la humanidad:

Chevron (estadunidense), CNOOC (China National Offshore Oil Corporation), Compañía Española de Petróleo (CEPSA, que de española sólo tiene el nombre, pues es propiedad 100 por ciento de la International Petroleum Investment Company, de Abu Dabi), Deutsche Erdöel (filial de la alemana RWE), Lukoil (Rusia), Corporación de Petróleo y Gas Natural de la India (ONGC Videsh) y Plains Acquisition Corporation (Estados Unidos).

Además, la noruega Statoil, la holandesa Shell, la italiana Eni y la estadunidense Casa Exploration, la argentina Pan American Energy (filial de Bridas Corporation, propiedad a 50 por ciento de la china CNOOC), junto con Hidrocarburos y Servicios, la estadunidense Fieldwood Energy, Petronas Carigali (Malasia), junto con Galp Energia (Portugal, aunque la italiana ENI es dueña de más de 30 por ciento de las acciones) y repiten Talos Energy (Estados Unidos), Sierra Oil & Gas (México), dos de los ganadores de la licitación previa.

También se estrenan en su nueva etapa de petroleros (sin mayor experiencia en estos asuntos) los consorcios Petrobal, del zar mexicano de la plata Alberto Bailleres, y Carso Oil & Gas, del magnate más rico del país, Carlos Slim.

Y atrás de ellas un ejército de ex funcionarios de los seis gobiernos neoliberales, todos ligados a Pemex, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Sener, la Comisión Reguladora de Energía y, desde luego, a Los Pinos, con toda la información privilegiada del Estado mexicano al servicio de quienes les paguen más.

Las rebanadas del pastel

Dice la gobernadora Beltrones… perdón, Claudia Pavlovich, que en su administración ni amigos ni cómplices, y promete ir tras aquellos que saquearon Sonora. Bien, pero si quiere que le crean podría empezar con Germán Larrea, el zar del cobre, que también clavará el colmillo al petróleo otrora nacional.

Twitter: @cafevega

D.R.: cfvmexico_sa@hotmail.com