Frente a la pobreza y desigualdad que enfrenta el país es necesario replantear el gasto público para una mejor distribución en lugar de realizar ajustes, afirmaron organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Sociedad en Movimiento y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática.

En conferencia de prensa para hablar sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación y el paquete económico 2016, señalaron que éste no debe ser un programa recesivo, sino uno que facilite el crecimiento.

Sin embargo, lamentaron que la partida para el siguiente año prevé una reducción de 20 por ciento en la inversión pública, es decir, quedará con apenas 3 puntos porcentuales del producto interno bruto, el nivel más bajo desde 1940.

Indicaron que México está destinado a mantener la miseria en los siguientes años si el país no crece al menos a 5 por ciento.

“Tenemos que evitar la reducción de gastos sociales que tengan efectos en la pobreza y en la mejora distributiva. De 2000 a 2015 el gasto público creció 6 puntos porcentuales, pero la pobreza no se redujo. Ello significa que hay ineficiencias en el gasto.

Redireccionar programas

Existen muchos programas que benefician a las personas de mayores ingresos y que deberíamos redireccionar hacia los que tiene menos, sin eliminar los programas que estén dando resultados, comentó Enrique Provencio, de la junta directiva del Instituto de Estudios para la Transición Democrática.

Por su parte, Francisco Landeros, director general de la Fundación del Empresariado Mexicano, dijo que las acciones para erradicar la pobreza son urgentes. Que en los pasados 25 años se haya triplicado el gasto en desarrollo social, pero también haya aumentando la pobreza exponencialmente, es una drama que no puede continuar. En ese sentido, vemos que a este ritmo de reducción de la pobreza extrema, de 0.8 por ciento como dio a conocer el Coneval hace semanas, tardaríamos 100 años en disminuirla.

Al respecto, las organizaciones propusieron nuevas políticas económicas y sociales que logren un crecimiento económico incluyente, que garanticen los derechos sociales y mejoren los salarios, entre ellos eliminar los programas redundantes, subsidios regresivos y la proliferación de planes que no dan resultados.

Asimismo, eliminar los bonos y pagos extraordinarios a servidores públicos, seguro médico privado, financiamiento de campañas y partidos, propaganda gubernamental y las partidas discrecionales de los legisladores.